Confirmada la sospecha sobre la injerencia cubana. El demoledor tercer informe de la Misión de las Naciones Unidas fue presentado esta semana en Ginebra que revela la participación de los agentes cubanos en la tortura y represión que comete el régimen de Nicolás Maduro contra los disidentes y presos políticos venezolanos.
Por Ludmila Vinogradoff | ABC.es
La misión de la ONU, dirigida por la portuguesa Marta Valiñas, lo que hace es constatar el papel que ha jugado el aparato represor de Cuba, financiado además con el petróleo venezolano, en la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo que lo involucra directamente en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los altos cargos del régimen chavista.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», sostiene Valiñas. Según la investigación, varios exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) confirmaron que «agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM».
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el DGCIM, son los dos órganos de seguridad del Estado venezolano señalados de forma directa como involucrados en una serie de atrocidades, torturas, trato cruel y detenciones en 16 lugares clandestinos, entre otros patrones que se repiten bajo el régimen Maduro, quien junto a la vicepresidente Delcy Rodríguez, son los acusados de ser los principales responsables de los crímenes.
Los expertos internacionales lograron revisar «los acuerdos confidenciales suscritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un papel en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales».
Todo comenzó en el 2006 cuando el extinto Hugo Chávez, aconsejado por Fidel Castro, decide un año antes suspender la larga cooperación militar entre Venezuela y los Estados Unidos, y reemplazarla por la castrista. La misión de la ONU verificó que con Cuba la «cooperación continuaría vigente» en la actualidad, con lo cual el aparato de seguridad de Cuba está involucrado en los crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela.
En Venezuela hay unos 244 presos políticos, de los cuales han muerto por torturas y asesinato unas 14 personas.
La misión de la ONU documentó 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la Dgcim, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede de Boleíta, al noreste de Caracas, y en una red de 16 centros de detención clandestinos en diversos puntos del país.
En el caso del SEBIN, según la misión, se documentaron 51 casos que evidencian patrones de violaciones graves y sistemáticas. Al comparar el volumen de casos de ambos organismos, la Dgcim, que recibió asesoría del régimen castrista, tiene un registro notablemente mayor en los casos enmarcados como crímenes de lesa humanidad.
Tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos, determinaron los expertos y lo recalcaron en su presentación en Ginebra.
Torturas pagadas con petróleo
El ‘Diario de Cuba’ publicó las declaraciones del activista venezolano Rigoberto Lobo, que explica que la relación de Cuba con el régimen chavista está basada en «acuerdos de cooperación pagados con petróleo venezolano, enmarcados en el campo de la inteligencia y seguridad de carácter confidencial».
«Desde el año 2014 las organizaciones venezolanas de derechos y contra disidentes políticos», explica Lobo desde Buenos Aires, donde está en espera de asilo tras tener que abandonar Venezuela de manera forzosa.
Para Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos, los acuerdos vigentes persiguen «fortalecer el aparato de inteligencia y control social que funciona bastante bien en Cuba» y lo aplican en Venezuela.
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