La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este miércoles sobre el riesgo de trata de personas en el archipiélago de San Andrés al establecerse por ahí una nueva ruta migratoria hacia Centroamérica por el incremento de personas que tratan de llegar a Estados Unidos.
EFE
“Desde San Andrés revisamos la situación de vulneraciones a los derechos humanos que viven los migrantes, en su mayoría venezolanos, que han venido utilizando el archipiélago como nueva ruta para ir hacia Centroamérica y Estados Unidos”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al terminar una visita a este archipiélago caribeño.
Debido al gran número de personas que tratan de pasar el Tapón del Darién, la peligrosa y montañosa selva que separa Colombia de Panamá, y por donde la Defensoría del Pueblo aseguró que cada día se mueven unas 3.000 personas, los migrantes están buscando nuevas rutas para llegar a su destino, incluidas las marítimas.
En agosto fueron detenidos 375 migrantes en embarcaciones que salen desde unos 37 kilómetros de San Andrés, hasta unos 190 kilómetros al este de Nicaragua, un recorrido de unas tres horas por mar.
“Hemos alertado a las autoridades locales sobre el riesgo para los migrantes de ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial por parte de organizaciones criminales, ante lo cual hemos solicitado garantizar una migración ordenada, legal, segura y en condiciones de dignidad humana”, dijo Camargo.
La Defensoría pidió que se garantice el derecho humano a migrar y que a la vez se haga un control estricto de las embarcaciones para reducir riesgos en “las vidas de los migrantes que son transportados de forma ilegal por vía marítima hacia rutas en Centroamérica, evitando el paso por la selva del Darién”.
En este sentido hay, según datos de esta entidad, una embarcación con migrantes desaparecida desde hace más de seis días, donde iban al menos 13 venezolanos.
La Defensoría anunció el martes una alerta temprana por “el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo”, así como la presencia de otros grupos criminales y delincuenciales.
“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales y la desigualdad social por el alto costo de la vida”, explicó Camargo.
EFE
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