Los escándalos y complejos enredos judiciales que enfrenta la senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, le están pasando costosas facturas que ya, incluso, golpearon las puertas de su familia. El asunto va mucho más allá de la inminente extradición de su hermano Álvaro Córdoba Ruiz, pedido por una corte de Estados Unidos bajo cargos muy graves que tienen que ver con narcotráfico. En este caso, las pesquisas se dirigen a 13 miembros de su círculo familiar más cercano, que resultaron salpicados y ahora tienen que explicar de dónde obtuvieron cerca de 6.000 millones de pesos, así lo reseñó la Revista SEMANA de Colombia.
La estrecha relación de la senadora con el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, tienen a la congresista enfrentando un duro proceso penal. Esto, a causa de un personaje clave, el cuestionado empresario barranquillero Álex Saab, considerado el testaferro del régimen, pues se han documentado los negocios que tenía con él, además de sus supuestos vínculos con las Farc.
SEMANA revela en exclusiva el documento de la Corte Suprema de Justicia en el que piden investigar un incremento patrimonial al parecer injustificado de los familiares de Córdoba en sus cuentas.
Se trata de un oficio enviado desde la Sala de Instrucción de la Corte y dirigido directamente al fiscal general, Francisco Barbosa, y a la dirección de Finanzas Criminales de la entidad, en el que pide una investigación a fondo del patrimonio de los familiares más cercanos de la senadora.El proceso contra Córdoba lo lleva la Corte Suprema por su condición de aforada, pero las investigaciones contra su familia deben ser asumidas por la Fiscalía, ya que se trata de ciudadanos comunes.
La orden de la Corte, emitida por la magistrada Cristina Lombana, pide “compulsar copia de los informes de Policía Judicial No 29875-01 del primero de junio y 298752 del 13 de agosto del presente año, ante el despacho del Fiscal General de la Nación, con destino a la Dirección de Finanzas Criminales, para que se investigue las posibles conductas punibles de las personas que a continuación se relacionan, que perteneciendo al núcleo familiar extendido de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba, reportan ingresos por justificar que sumados ascienden a seis mil trescientos treinta y seis millones ($6.336.356.049)”, advierte la solicitud firmada por la magistrada Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte.
El asunto resulta realmente espinoso para la senadora del Pacto Histórico. En la lista de investigados están sus papás, hermanos, hijos y hasta su exesposo, de quienes, uno a uno, se identifica el patrimonio que deben justificar.
Dos de los montos más altos por explicar son justamente los que les atribuyen a sus hijos. Natalia María Castro, conocida por su labor como gestora cultural y musical, con ingresos por justificar de 1.221.968.000 pesos. Pero más compleja es la situación de su hermano, Camilo Andrés Castro, con 1.407.140.806 pesos. El nombre de este último no resulta extraño para las autoridades, ya que en el caso de Saab, cuyo principal delator es Andrés Vásquez, quien fue mano derecha de la senadora, aseguró que habría estado involucrado en esas transacciones. La excongresista lo habría delegado para esa recuperación de la millonaria cartera de Saab en Venezuela, que, según su versión, en ese momento ascendía a cerca de 29 millones de dólares.
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