El Gobierno de Uruguay expresó que condena «enérgicamente» cualquier «intento de quebrantar el orden constitucional» de la República del Perú e hizo un llamado a «respetar las instituciones democráticas» en ese país.
EFE
Así lo manifestó la Cancillería uruguaya mediante un breve comunicado en el que el país rioplatense indicó que confía en que la juramentación de la presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso del Perú «conduzca a garantizar la estabilidad política y la preservación del Estado de Derecho» en la nación andina.
«Ante la crisis política que atraviesa la República del Perú, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay hace un llamado a respetar las instituciones democráticas y (…) confía en un pronto y normal funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno», recalcó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou.
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La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.
Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.
La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».
Tras el anuncio del cierre del Congreso por parte de Castillo, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él.
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