La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.
Por Semana
En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtieron sobre los serios riesgos de la propuesta presidencial.
Por eso, la propuesta de Petro ha desatado una verdadera tormenta en el mundo judicial. El fiscal general señaló: “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.
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