La Fiscalía del Ecuador inició un proceso de investigación previa para analizar las supuestas irregularidades alrededor de un pago de más de USD 4 millones realizado por el gobierno del país andino, durante la presidencia de Rafael Correa, a dos empresas vinculadas al movimiento Podemos de España. El propósito de la contratación consistía en que las empresas brindaran asistencia legal a migrantes ecuatorianos en España.
El legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, que investiga la corrupción durante el correato, dio el aviso sobre un “presunto financiamiento a compañías relacionadas con funcionarios del partido político español Podemos”. Dos meses después de esa alerta, la Fiscalía ha decidido abrir un proceso de investigación por presunto delito de peculado.
A través de su cuenta de Twitter, Villavicencio anunció el inicio de la investigación: “Con base en mi denuncia, la Fiscalía abrió indagación penal por el pago ilegal de 4,06 millones de euros, durante el régimen de Rafael Correa a Kienema y Mi País Consultores, empresas presuntamente vinculadas al movimiento Podemos de Pablo Iglesias”.
Villavicencio sostuvo en su denuncia ante la Fiscalía que el contrato con Kienema tenía por concepto la “orientación y asesoramiento jurídico individual y colectivo a ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas en las ciudades de Madrid, Murcia y Valencia, así como en la Embajada de Ecuador en España”. Para que esto se cumpliera, los pagos eran realizados a través de la Embajada ecuatoriana en España y eran dispuestos por el gobierno, según publicó el legislador.
En el documento se indica que la Contraloría General del Estado detectó varias irregularidades en la suscripción de los contratos, como que no se acreditó la experiencia previa de las empresas o que hay documentación faltante en el proceso.
En el caso de la empresa Mi País Consultores, esta habría sido constituída apenas cuatro días antes de que el contrato entre el gobierno de Ecuador y la empresa Kienema venza.
La exembajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, en una entrevista con el medio español OK Diario, aseguró que las contrataciones que se hicieron durante su misión diplomática sucedieron en atención a las directrices que recibió por parte del gobierno central ecuatoriano.
En agosto de 2021, el entonces embajador de Ecuador en España y ahora embajador de Ecuador ante Catar, Pascual del Cioppo, denunció pagos realizados por Ecuador vinculados al partido Podemos de España. Según Del Cioppo, para la asesoría y defensa de migrantes, el gobierno ecuatoriano habría pagado alrededor de USD 1.5 millones de dólares anuales a empresas relacionadas con Irene Montero, ministra de Igualdad de España y esposa del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde 2015.
El objetivo de las asesorías sería evitar los desahucios a ecuatorianos en España por falta de pago en las hipotecas, sin embargo, el diplomático indica que la ley española, en el gobierno de Pedro Sánchez, impidió que existan este tipo de desahucios, “entonces ya no sé qué defendían, porque ya no podía existir la desocupación de los inmuebles”, dijo Del Cioppo. Además, las defensas no se habrían ejecutado.
Esta no es la primera vez en la que se denuncian supuestos pagos para la organización política de izquierda española. En febrero de 2020, se hizo público que el gobierno de Rafael Correa habría destinado USD 54 millones a Podemos, a través del programa Prometeo, que buscaba llevar al Ecuador a académicos, científicos y talento en general. Este aporte fue descubierto en una investigación del Tribunal Supremo de Venezuela, en el exilio. Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal, explicó que “se han obtenido documentos oficiales de contratos variados celebrados por el Estado venezolano, brasileño, ecuatoriano, argentino y boliviano, que benefician a líderes del partido Podemos y otras organizaciones políticas de América”.
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