El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, emitió un decreto mediante el cual autoriza a empresas de seguridad privada la importación de armas de fuego de uso civil, sus municiones y componentes por un plazo de seis meses.
Hace 17 años, Leonel Fernández, el entonces presidente del país, prohibió la compra de armamento en el extranjero con miras a reducir los índices de criminalidad en la nación caribeña.
A pesar de que el acceso a las armas de fuego aún preocupa al actual Gobierno, este martes se decidió publicar el mandato 30-23 a fin de combatir el comercio ilegal que ha permitido que los pandilleros sigan adquiriendo este tipo de artículos.
«El tráfico de armas, tanto desde EE.UU. como desde Haití, está convirtiendo a República Dominicana en uno de los mercados más desregularizados del continente», aseguró al debatir la medida en julio pasado, José Vila Del Castillo, comisionado de la Presidencia para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional.
Mediante decreto 30-23 @PresidenciaRD autoriza importación de armas y municiones para uso civil y exclusivo de empresas de seguridad privada. La medida será solo por 6 meses a partir de la fecha. pic.twitter.com/CNFwlIa2TS
— Anibelca Rosario (@AnibelcaRosario) February 7, 2023
Claves para entender el decreto
La disposición establece que sólo podrán importar armas, sus municiones y partes las empresas debidamente registradas y autorizadas por las autoridades. A la par, estipula que su uso será exclusivo de las compañías encargadas de proveer servicios de seguridad privada, las cuales, en muchos casos, actúan utilizando equipo obsoleto, detalla el decreto.
Asimismo, la política señala que el Ministerio del Interior y Policía será el encargado de establecer la cantidad de armas que podrán comprar las empresas autorizadas, así como de conceder las licencias debidas, en conformidad con el artículo 33 de la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Para que las compañías importen el armamento que requieren, el Gobierno otorga un tiempo límite de seis meses, tras el cual la actividad quedará prohibida nuevamente hasta que el Ejecutivo considere lo contrario.
La medida fue bien recibida por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada (Adesinc), que indicó que a través de la política se fomentará el crecimiento del sector formal y se generarán una cantidad importante de empleos, según reportan medios locales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, el 66,4 % de la población considera que la principal problemática del país es la delincuencia, aun cuando República Dominicana se encuentra entre los países con los niveles más bajos de delincuencia y criminalidad de América Latina, de acuerdo con cifras de Presidencia.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
