La Fiscalía Federal de Puerto Rico informó este lunes que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía arrestaron a dos hombres acusados por cargos de pornografía infantil.
EFE
«La oficina del fiscal de los Estados Unidos y las agencias federales y locales encargadas del cumplimiento de la ley en Puerto Rico seguimos firmes en nuestro compromiso con la protección de los niños de los depredadores sexuales», remarcó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico.
Según el comunicado difundido por las autoridades, en diciembre de 2020 y enero de 2021, Nathan Gallarza, de 22 años, transportó este tipo de imágenes y fue acusado por posesión de pornografía infantil.
Por otro lado, agentes especiales de la HSI arrestaron a Eduardo Luis Marrero, de 52 años y líder religioso en Cayey, un municipio del interior de la isla caribeña.
Según la acusación, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, Marrero utilizó un teléfono y servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a sabiendas a dos menores de quince años para participar en actividades sexuales.
Además, Marrero persuadió a un menor e intentó participar en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir contenido visual.
El acusado se enfrenta a dos cargos de coacción y seducción de un menor en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) 2422(b) y dos cargos de producción de pornografía infantil en violación de 18 U.S.C. 2251(a).
Los dos acusados fueron trasladados al centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (norte) para esperar los procedimientos judiciales.
«Recordamos y animamos al público a denunciar todo comportamiento inapropiado con niños a sus autoridades locales y juntos las agencias locales y federales de aplicación de la ley buscarán justicia para las víctimas de estos delitos», señaló Muldow.
«Es hora de que como comunidad nos unamos y protejamos a nuestros menores de estos depredadores», enfatizó por su parte Rebecca C. González, agente especial en funciones.
Gallarza, si es declarado culpable, se enfrenta a una sentencia mínima estatutaria de 5 años hasta 20 años de prisión seguido de un término de libertad supervisada de 5 años hasta cadena perpetua por la posesión de pornografía infantil.
Del mismo modo, Marrero se enfrenta a una pena de cárcel mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua por cada cargo de coacción y seducción y a una pena mínima de 15 años y máxima de 30 años por cada cargo de producción de pornografía infantil.
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