Durante el mes de febrero se mantuvo el patrón de hostigamiento y amedrentamiento al discurso crítico de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, trabajadores y ciudadanía en general, principalmente perpetrado por funcionarios del Estado o afines al gobierno.
En el segundo mes del año documentamos 16 casos y 28 violaciones a la libertad de expresión, entre las que predominaron la amenaza, la censura, el hostigamiento verbal y la intimidación. La mayoría de los casos (56 %) ocurrieron en internet, de los pocos espacios con los que aún cuenta la población para expresarse y opinar libremente.
Al menos 14 periodistas o reporteros y dos medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a su derecho a informar y en cinco oportunidades la víctima fue la ciudadanía en general. El Estado, por su parte, fue responsable de 19 violaciones: 10 funcionarios, dos instituciones del Estado y dos cuerpos de seguridad.
Ataques a periodistas
El 1° de febrero, el periodista y director del medio digital Alberto News, Alberto Rodríguez Palencia, fue hostigado verbalmente por Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa televisivo luego de que el medio replicara una de sus declaraciones.
El hecho ocurrió apenas 45 minutos después de que Alberto News reseñara lo dicho por Cabello al aire. El líder oficialista acusó a Rodríguez de “palangrista” y dijo que el canal en el que transmite, la estatal Venezolana de Televisión, “es solo para chavistas”.
Una persona identificada con vestimenta de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) intimidó a Ricardo Tarazona, periodista y reportero de Qué Pasa en Venezuela el 6 de febrero en el sector Campo Nuevo del municipio Sucre del estado Yaracuy, mientras hacía un trabajo informativo sobre una explosión en la zona.
Tarazona logró llegar a una zona con vista a la explosión, para hacer tomas de apoyo, gracias a lugareños que lo guiaron y lo llevaron, pues funcionarios policiales no le permitieron entrar al lugar del suceso. Cuando terminó de grabar, una persona se bajó de un vehículo con la identificación de PDVSA, le preguntó quién lo había autorizado a grabar y le pidió sus credenciales.
Personal de seguridad del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar intimidó a los periodistas Jefferson Civira, de El Periódico de Monagas y corresponsal La Patilla, y José Ignacio Piñango, corresponsal de Radio Fe y Alegría Noticias, y les impidió el acceso al recinto a hacer una cobertura periodística el 15 de febrero.
El hecho ocurrió en Maturín, estado Monagas (este), luego de que ambos reporteros cubrieran una pauta en la Unidad de Infectología que queda afuera del centro de salud y decidieran buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares. Un vigilante les indicó, al principio, que no podían ingresar y luego les dijo que para pasar debían hacerlo “custodiados” por funcionarios de la Milicia. Los periodistas se negaron.
Ese día también fueron intimidadas, por funcionarios de la Policía del estado Trujillo, las periodistas Mayra Linares, de VPITV, y Yuliana Palmar, de Diario Los Andes, al impedirles la cobertura periodística y grabación de un ataque con granada a una vivienda en el municipio Motatán de la entidad.
Linares cuenta que, cuando estaba por terminar de grabar, un funcionario se lo impidió y mandó a poner un perímetro en la zona. Les dijo que no podían estar allí por razones de seguridad, aunque dentro de las viviendas cercanas aún había personas observando lo que ocurría.
El 27 de febrero, la periodista de investigación Ronna Rísquez denunció que varios de sus familiares recibieron amenazas luego de que hablara, en Colombia, sobre el libro que escribió acerca de la banda criminal “Tren de Aragua” y que sus comentarios fueran divulgados en redes sociales.
Adicional a sus declaraciones, varios venezolanos publicaron reseñas sobre el lanzamiento del libro. A finales de enero, días después, sus familiares recibieron amenazas por mensajería privada de Instagram, por lo que Rísquez interpuso la denuncia ante la Fiscalía.
El 28 de febrero la alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar, Yulisbeth García, amenazó a seis periodistas por cubrir y difundir denuncias de familiares de pacientes que fallecieron en el hospital Dr. Gervasio Vera Custodio y exigen que se abra una investigación en contra de su exdirector, acusado presuntamente de ejercer la medicina de forma ilegal.
Entre las y los periodistas que hicieron cobertura a la protesta de familiares se encontraban Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa, entre otros. Carlos Suniaga, de El Pitazo, y Pableysa Ostos, de La Patilla, cubrieron el caso a distancia. La alcaldesa García acusó a la prensa de ejercer “terrorismo mediático” por dar a conocer los problemas del municipio.
En Valera, estado Trujillo (suroeste), la directora del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en el terminal de pasajeros prohibió el 28 de febrero que el equipo de El Bus TV pegara un papelógrafo con noticias porque había divulgado “información incómoda” anteriormente.
Génesis Chinchilla, reportera de El Bus TV, narró que el CDI del terminal de pasajeros es un lugar habitual de pega de papelógrafos desde hace dos años. El día del incidente, uno de los trabajadores le comentó que, semanas atrás, la directora del recinto le había llamado la atención al personal por permitir pegar esa información, motivo por el que no podrían hacerlo en esta ocasión.
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