El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este jueves 23 de marzo su informe anual del 2022, donde registraron un hacinamiento crítico de 64,19 % en las cárceles venezolanas, frente a una población reclusa de 33.558 privados de libertad, así como también un retardo procesal de 68 %.
Humberto Prado, director del OVP, destacó en el programa Punto y Seguimos transmitido, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, que en el 2022 murieron alrededor de 76 personas bajo el resguardo del Estado, de los cuales un 68 % fue por falta de alimentación.
“Les da tuberculosis, paros cardíacos y entonces simplemente lo reflejan como un deceso natural y es por una situación que está presentando la mayoría de la población reclusa”, comentó. “Por eso el título del informe es ‘El hambre es el sinónimo de las muertes en las cárceles’”.
Resaltó que se siguen manteniendo desde el 2016 las ocho medidas provisionales que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde se le advierte al Estado que no puede morir un interno más, pero que hasta el momento persiste su incumplimiento.
Educación para reintegrarse
Otro de los problemas es la escasez de personal, ya que según Prado existe un estándar que indica que por cada interno debe haber un funcionario de seguridad, a fin de resguardar la integridad física. Además, debe garantizárseles cultura, deporte, educación y trabajo, porque esto contribuye a su reinserción.
“Si entra una persona a la cárcel que no tiene ninguna profesión, mientras están recluidos deberían tener la oportunidad de estudiar y trabajar, para que cuando salgan tengan una herramienta para desarrollarse tranquilamente en sociedad”, contó.
El director del OVP hizo hincapié en que las reformas del Código Orgánico Procesal Penal atentan contra la progresividad y el derecho que tienen los reclusos, incluso en medidas alternativas como el destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional.
Toda esta problemática, especialmente la falta de alimentación y de medicinas para tratar a quienes padecen patologías como el VIH o la tuberculosis, ha traído consigo diversos suicidios, reveló Prado, quien lamentó que se esté presentando complicidad entre las autoridades y el pranato al dejar que dichos sucesos ocurran.
Extorsión y corrupción
“Las extorsiones, las llamadas que hacen desde adentro de la cárcel y las causas que se denominan ‘coimas’, que ponen a los familiares a pagar, porque de lo contrario la vida del interno corre peligro de que le quiten la vida o los hieran en las muñecas o tobillos”, dijo.
Detalló que esto se da en unos nueve establecimientos a nivel nacional, que tienen el 60 % de toda la población reclusa a nivel nacional y que eso es controlado por el pranato.
Igualmente, se preguntó cómo entran las armas y la droga a las cárceles. “Si no pueden detener a una persona que tienen entre cuatro paredes, que ya saben de dónde proviene la llamada de extorsión, cómo pueden prevenir el delito en la calle. También es vozpópuli todas esas situaciones que se dan con las discotecas internas, piscinas, apuestas de caballos y gallos”.
Explicó que desde el OVP identifican que hay dos tipos de corrupción, la que impone el pranato internamente y la del pranato con las autoridades tanto con la Guardia Nacional, como con el servicio penitenciario, que ellos llaman “corrupción interinstitucional”.
Prado, a su vez, informó que presentarán un “Plan nacional penitenciario” para la sociedad, con las experiencias que han visto en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, que sirva de referencia para aplicar en Venezuela algunas de las buenas prácticas que hay en sus establecimientos penales.
Instó a la nueva ministra Celsa Bautista a buscar a las personas que sepan sobre temas penitenciarios en lugar de militantes políticos, porque no se puede experimentar con vidas humanas, ya que traería como consecuencia la muerte.
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