La ONG Amnistía Internacional señala que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene su estrategia de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a las personas que deciden protestar por sus derechos económicos, sociales y ambientales (Desca).
“Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población”, precisó el informe.
Según la ONG, la falta de acceso a derechos económicos y sociales se mantienen como un motivo de preocupación en Venezuela. El informe evidencia que la mayoría de la población sufre problemas de alimentación, no tienen beneficios laborales y tampoco atención médica.
Docentes toman liderazgo en protestas de 2022.
Para avalar sus cifras, Amnistía se basó en el registro recabado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que indicó que en 2022 ocurrieron 7032 protestas. La base de datos del OVCS detalla que durante el mes de agosto hubo 667 manifestaciones en los 23 estados. En 77 % de estas manifestaciones, los ciudadanos reclamaron derechos económicos y sociales.
El OVCS informó que la mayoría de esas protestas fueron promovidas por trabajadores del sector educativo para exigir mejor remuneración salarial, buena infraestructura y servicios públicos en los colegios.
El gremio y sindicatos de la educación en todos los niveles expresaron, durante 2022, su rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), normativa impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
A las protestas lideradas por los docentes se sumaron profesionales, técnicos y obreros, relacionados con el magisterio. También participaron trabajadores del sector salud, jubilados y pensionados.
Amnistía Internacional asegura que en la mayoría de las convocatorias se reportó el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
“Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro”, resaltó el informe.
Violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional especifica las violaciones de derechos humanos en las siguientes áreas:
Ejecuciones extrajudiciales: recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado en diversas partes del país. Las personas responsables de estos actos quedaron impunes.
Detención arbitraria: estas prácticas siguen generalizadas y con frecuencia. Varias ONG locales denunciaron que, hasta noviembre de 2022, entre 240 y 310 personas estaban detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
Tortura y otros malos tratos: tortura u otros malos tratos ocurren bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos.
Impunidad: los informes de la Misión de Determinación de los Hechos destacaron la manipulación del sistema judicial para proteger de la justicia a los agentes de policía y de las fuerzas armadas responsables de esas violaciones.
Libertad de expresión: hasta agosto, la ONG Espacio Público había documentado 228 ataques a la libertad de expresión. Estas se evidenciaron en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas.
Condiciones de reclusión: siguen deteriorándose las condiciones de reclusión en los centros de detención, en los que se sufría hacinamiento y no se proporcionaba alimentación ni agua en cantidad suficientes. Las condiciones de reclusión de las mujeres son preocupantes por la falta de instalaciones y entornos con perspectiva de género.
Defensores y defensoras de los derechos humanos: la represión de organizaciones de la sociedad civil aumentó y se intensificó.
De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, se cometieron 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos. En estos se incluyen actos de intimidación y estigmatización y amenazas.
Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes: el número de personas venezolanas que huían a otros países en busca de protección internacional seguía en aumento y llegó a 7,1 millones al terminar el año.
Derecho a la salud: los servicios de salud continuaron deteriorándose. Acción Solidaria, organización local que proporcionaba ayuda humanitaria, denunció que 33 % de las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas no recibían tratamiento.
Derecho a la alimentación: la mayoría de la población sufre inseguridad alimentaria. Asimismo, el informe detalló que en noviembre la canasta básica equivalía a 386 dólares, mientras el salario mínimo mensual era tan solo de 13 dólares.
Derecho de los pueblos indígenas: los derechos como libre determinación de los pueblos indígenas seguían viéndose afectados por la minería ilegal. Específicamente por la practicada en el Arco Minero del Orinoco.
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