Tensión en la frontera con México. El Gobierno de Joe Biden movilizará a 1.500 soldados en activo a la zona ante el inminente fin de la emergencia sanitaria, el próximo 11 de mayo. La Administración cree que la desaparición del título 42, que expira con la declaratoria de emergencia de la pandemia, incrementará los cruces ilegales a más de 10.000 cada día, según cifras oficiales. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que los militares se encargarán de tareas administrativas para descargar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés), que actuará sobre el terreno para contener el flujo migratorio. Las fuerzas armadas estarán en la zona por 90 días, aunque la estancia puede ser extendida de ser necesario.
Por Luis Carlos Bearuegard / El País
La noticia se ha dado a conocer a través de funcionarios de la Administración que han solicitado el anonimato. Las fuentes han asegurado a la agencia Associated Press que las tropas no arrestarán a inmigrantes. El Departamento de Seguridad Interior (DHS, por las siglas en inglés) ha insistido en esto en un comunicado. “El personal del Departamento de Defensa no ha llevado a cabo jamás acciones de cuerpos de seguridad y no lo hará, ni interactuará con migrantes o personas bajo la custodia de DHS”, indica el mensaje.
Los militares se enfocarán en procesar los datos de los detenidos, detectar los puntos que necesitan atención de la Patrulla Fronteriza y dar apoyo en almacenes de CBP. Seguridad Interior afirma que soldados han trabajado en la región binacional desde 2006. El anuncio de esta mañana, no obstante, eleva el perfil militarizado de la frontera. Unos 2.500 integrantes en activo de la Guardia Nacional ya se encuentran desplegados a lo largo de los nueve sectores de la línea. Un total de 4.000 elementos militares estarán en la zona durante el próximo mes y medio hasta que sean sustituidos por contratistas civiles.
La medida ha provocado críticas de los sectores simpatizantes del partido demócrata. “Desplegar tropas sugiere una preocupante falta de preparación para esta transición. DHS tuvo más de dos años para planear la extinción del título 42. En cambio, esta situación ha escalado en una emergencia mayor que llevará, de nuevo, tropas a nuestras comunidades”, aseguró Andrea Flores, una abogada experta en política migratoria que trabajó en el equipo de transición de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La organización no gubernamental Al Otro Lado considera que el Ejecutivo, en lugar de militarizar, debería incrementar los recursos a las comunidades “para dar la bienvenida con dignidad a los solicitantes de asilo”.
Una decisión estilo Trump
El Ejército ya había sido enviado a la frontera en tiempos de Donald Trump. El expresidente republicano, quien hizo del control fronterizo una de sus banderas, desplegó a 800 elementos de la Guardia Nacional en octubre de 2018. El anuncio se hizo una semana antes de las elecciones intermedias del 6 de noviembre, con la esperanza de cosechar votos de la base republicana y ante el incremento de las caravanas de miles de migrantes que salían de Honduras y Centroamérica. La zona ya tenía presencia de fuerzas militares. Más de 2.000 uniformados ya realizaban trabajos de vigilancia.
La decisión de Biden se da en medio de una preocupación creciente por lo que puede ocasionar el fin del título 42. Este, una herramienta instaurada por Trump en la pandemia, permitía al Ejecutivo deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales. El ocaso de la norma, que no tiene viabilidad sin la emergencia sanitaria, hace que el Gobierno vuelva a depender del título 8. La medida endurece las consecuencias tras las deportaciones, que pueden acarrear a los detenidos cargos penales o una prohibición de hasta cinco años para entrar a Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, el encargado de Seguridad Interior, ha insistido en que el tránsito al norte debe hacerse solicitando un permiso a través de una aplicación y esperando en otros países, como Guatemala o Colombia, la luz verde para continuar el trayecto.
El fin del título 42 ha hecho que varias poblaciones fronterizas lleven a cabo asambleas para discutir cómo prepararse ante el eventual incremento de inmigrantes en sus comunidades. La ciudad de El Paso, en Texas, decretó el domingo el estado de emergencia y abrió dos albergues ante la expectativa. El alcalde, el demócrata Oscar Leeser, se ha encargado de impulsar el mensaje que sale de Washington: “No vamos a abrir la frontera. No está abierta hoy y no lo estará el 12 de mayo”.
El republicano Greg Abbott, el gobernador de Texas y uno de los más radicales en materia de migración, ha endurecido la vigilancia fronteriza. La Guardia Nacional de Texas ha puesto más barreras y alambre de púas para frenar el paso de los inmigrantes. También han enviado a la ciudad de Brownsville medio centenar de vehículos tácticos militares tipo Humvee.
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