La ONG venezolana Acceso a la Justicia pidió este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se convoquen elecciones en siete municipios de Venezuela que no tienen alcalde, debido a acontecimientos diversos, como la muerte, renuncia o procesos judiciales en su contra.
La organización explicó, en una nota de prensa, que dos municipios de los estados Falcón y Guárico se quedaron sin sus máximas autoridades electas, porque ambos funcionarios fallecieron en febrero pasado y en abril el edil de una localidad de Mérida renunció «acuciado por los problemas económicos que afronta la jurisdicción».
Además, la ONG recordó que a finales de enero del año pasado, fueron detenidos dos alcaldes, de los estados Zulia y Anzoátegui, por tráfico de drogas y contrabando de combustible.
«Las aprehensiones de Keyrinth Fernández y Carlos Vidal se produjeron cuando no tenían siquiera tres meses de haber sido elegidos y ambos fueron reemplazados por personas designadas por sus respectivos concejos municipales», señaló.
Otra detención se registró en marzo pasado, cuando el regidor local de Las Tejerías, en el estado Aragua, Pedro Hernández, fue vinculado a nexos con grupos criminales y corrupción.
El último caso fue el de Ernesto Paraqueima, alcalde de El Tigre, en Anzoátegui, capturado a principios de mayo y acusado de «promoción al odio», luego de unas polémicas declaraciones en las que criticó un mural elaborado en esa región por niños con autismo.
«Hasta el momento, el CNE no ha informado si convocará elecciones en todos los municipios mencionados, pese a que en cinco de ellos las faltas ya se pueden calificar de absolutas sin ningún tipo de duda», apuntó.
En los casos de Paraqueima y Hernández, la organización dijo que puede haber un debate, porque aún no han sido condenados por un juez, pero «las autoridades nacionales y regionales ya se refieren a ellos como exfuncionarios y eso refuerza la tesis de que deberían ser reemplazados».
«Este comportamiento es otra demostración de la anarquía institucional que aqueja a Venezuela y que pone en situación de indefensión y minusvalía a los ciudadanos, por cuanto las leyes, comenzando por la propia carta magna, solo se cumplen cuando el poder así lo decide», añadió. EFE
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