Tras la renuncia de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral y la creación de la comisión por parte de la Asamblea Nacional Chavista para escoger a los nuevos miembros, Human Rights Watch emitió un comunicado en el que rechaza la decisión, destacando que es una amenaza al sistema que ya es desigual.
A continuación comunicado íntegro
La decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de nombrar nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) amenaza un sistema que ya es desigual y profundamente injusto, dijo hoy Human Rights Watch. Esta medida disminuye aún más la posibilidad de que existan procesos mínimamente libres y justos durante las elecciones presidenciales previstas para 2024, y las elecciones legislativas y regionales en 2025.
El 15 de junio de 2023, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que reemplazarán a los 15 miembros del CNE, incluyendo a los dos miembros opositores que son parte de los cinco rectores principales. La decisión se produjo después de que ocho miembros del Consejo, afines al gobierno, renunciaran cinco años antes del final de sus siete años de mandato, dejando los nuevos nombramientos en manos de la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno. De manera inmediata, la Asamblea nombró una comisión preliminar de 11 miembros que inicialmente se hará cargo del proceso de sustitución de los miembros del Consejo. Todos los miembros de la comisión preliminar pertenecen al partido de gobierno, entre ellos Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro.
“Las oportunidades de unas elecciones libres y justas en Venezuela ya pendían de un hilo, y esta maniobra puede destruir cualquier posibilidad de un proceso justo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes regionales con acceso a Maduro, en particular el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, deberían tomar medidas para detener esta maniobra si realmente les preocupa buscar un retorno de la democracia en Venezuela”.
El CNE, compuesto por cinco miembros principales y diez suplentes, se encarga de supervisar todo el proceso electoral, incluyendo el registro de electores y la inscripción de candidatos, así como la organización y supervisión de los procesos de votación.
Según la legislación venezolana, la recién formada comisión preliminar de 11 miembros se encargará de designar un Comité de Postulaciones Electorales, que a su vez presentará una lista de candidatos a la Asamblea Nacional. La coalición legislativa del gobierno controla 250 de los 277 miembros de la Asamblea, después de las elecciones de 2020, que no fueron libres ni creíbles.
Durante décadas, los aliados del expresidente Hugo Chávez y del presidente Maduro han controlado el órgano electoral, socavando el derecho a unas elecciones libres y justas. En 2021, la composición del CNE se equilibró ligeramente con el nombramiento de dos miembros de la oposición. Un acuerdo con el Consejo permitió a una misión de la Unión Europea (UE) observar las elecciones de noviembre de 2021. La misión afirmó que los tres miembros del CNE cercanos al gobierno tenían “el control de los órganos ejecutivos del CNE”, pero señaló que el Consejo era “el más equilibrado de los últimos 20 años” y que la mayoría de sus decisiones se tomaban por consenso.
La misión de la UE concluyó que las condiciones electorales comprometieron la imparcialidad y la transparencia de las elecciones de 2021. Estas condiciones incluyeron la inhabilitación arbitraria de los opositores políticos, el uso partidista de los recursos estatales en la campaña, el acceso desigual a los medios de comunicación y a las redes sociales durante la campaña, el bloqueo selectivo de sitios web por parte de las autoridades y la falta de independencia judicial y de respeto por el Estado de derecho.
La misión emitió 23 recomendaciones, entre ellas, reforzar la capacidad del CNE para sancionar a los candidatos que utilicen fondos estatales para hacer campaña y mejorar la precisión del registro electoral, así como ofrecer más opciones a los votantes, incluidos los venezolanos que viven fuera del país, para actualizar su información.
En 2021, el gobierno de Maduro y la oposición acordaron que, como parte de las negociaciones políticas en México, discutirían “derechos políticos”, “garantías electorales para todos” y un “cronograma electoral para elecciones observables”. Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas y las partes aún no han abordado este punto de la agenda.
Un CNE totalmente controlado por los aliados de Maduro haría altamente improbable que se puedan lograr las reformas necesarias para garantizar el derecho de los venezolanos de participar en elecciones libres y justas, señaló Human Rights Watch.
El proceso de nombramiento de los nuevos miembros del CNE ya ha afectado las primarias de la oposición, previstas para octubre. Algunos miembros de la oposición habían trabajado para obtener el apoyo del CNE para celebrar sus primarias, pero, a raíz de las dimisiones, la oposición decidió “autogestionarlas”.
El presidente Petro de Colombia y el presidente Lula de Brasil han mantenido una estrecha relación con el gobierno de Maduro. Públicamente, ambos líderes han enfatizado la importancia de la democracia, de unas elecciones libres y justas, y de los avances en las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero durante una reciente visita de Maduro a Brasil, el presidente Lula describió las preocupaciones sobre el autoritarismo y la falta de democracia en Venezuela como “una narrativa”.
“La pequeña ventana de oportunidad para una transición democrática que garantice los derechos de los venezolanos se está cerrando”, dijo Goebertus. “Si Lula y Petro quieren que su discurso sobre la democracia en Venezuela tenga alguna credibilidad, deben aprovechar inmediatamente su relación con Maduro para impedir la cooptación total del organismo electoral del país”.
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