La jueza Aileen Cannon rechazó este lunes una petición de la Fiscalía para mantener en secreto una lista de 84 potenciales testigos en el juicio penal al que será sometido el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) por los documentos clasificados hallados en su casa en Palm Beach (Florida).
EFE
La jueza hizo pública su decisión unas horas después de que se conociera que un grupo de medios de comunicación pidiera al tribunal del caso precisamente que no permitiera que la lista quedara sellada, es decir fuera de la vista del público y de la prensa.
Pero en el documento judicial introducido hoy en el expediente del caso, la jueza dice que la Fiscalía no justificó suficientemente las razones para no hacer pública la lista.
«La moción del Gobierno no explica por qué es necesario presentar la lista ante el Tribunal; no ofrece una base particular para justificar que no esté a la vista del público; no explica por qué el sellado parcial, la redacción u otros medios distintos no están disponibles o son insatisfactorios, y no especifica la duración de esa medida de sellado», escribió Cannon.
La jueza también destacó que, si bien la defensa de Trump no va a tomar posición respecto a este asunto por ahora, se reserva el derecho de objetarlo más adelante.
Previamente, la llamada «coalición de medios» había expresado al tribunal mediante un escrito que «el primer enjuiciamiento (federal) de un expresidente de los Estados Unidos es uno de los casos penales de mayor trascendencia en la historia de la nación».
«No se puede subestimar el interés del público estadounidense en este asunto y la necesidad de monitorear su progreso en cada paso del camino», dijeron en su petición.
Forman parte de la coalición canales de televisión como CNN, ABC, Telemundo y Univision, agencias como Associated Press y Reuters y medios escritos como The Wall Street Journal, The Miami Herald y Los Angeles Times, entre otros muchos.
Este mismo grupo trató sin éxito de que se permitiera la entrada de cámaras en el tribunal federal de Miami donde el 13 de junio Trump fue puesto bajo disposición judicial y acusado formalmente de 37 cargos por siete delitos penales relacionados con el hallazgo de un centenar de documentos clasificados en su casa de Florida en 2022, cuando ya no era presidente.
El expresidente se declaró no culpable de todos los cargos.
Tras señalar que «es esencial que haya total transparencia en todas las fases de este caso histórico», los medios de comunicación dicen que, de lo contrario, «la confianza pública en la integridad de estos procedimientos en particular y del sistema judicial en general sufrirán de manera quizás irreversible».
La Fiscalía había pedido antes al tribunal mantener sellada una lista de personas -«al parecer 84», según la coalición-, a las que Trump no puede hablar directamente por ser potenciales testigos del caso en el juicio que se celebrará en Fort Pierce (Florida) a partir del 14 de agosto.
Esa es la fecha fijada en principio por la jueza Aileen Cannon, aunque la Fiscalía ya ha pedido atrasar el inicio hasta diciembre.
Los medios consideran que conocer esa lista es importante en aras de la transparencia y porque lo contrario iría contra la primera enmienda constitucional y le piden al tribunal que ordene a la Fiscalía publicar esa lista de manera abierta.
La lista no es algo «trivial ni para el proceso ni para el acusado», señalan antes de hacer un recuento de los antecedentes jurídicos que avalan su petición.
La acusación contra Trump fue el resultado de una investigación llevada a cabo por el fiscal especial Jack Smith.
De los 37 cargos imputados a Trump, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de EE.UU., pero también es acusado de obstruir la justicia y de ocultar «de manera corrupta» documentos o registros.
Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares (230.000 euros al cambio de hoy).
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