El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se mostró este miércoles predispuesto a saldar la deuda de 300 millones de dólares (unos 270 millones de euros) que su país tiene con Venezuela en relación con unas compras de combustibles de 2009, aunque con las condiciones acordadas entonces.
EFE
«Nosotros siempre mostramos la predisposición para pagar, pero apelando a las condiciones del acuerdo de Caracas que se había firmado entre el presidente (Hugo) Chávez y el presidente Nicanor Duarte Frutos, que da una financiación de 15 años a una tasa del 2 %», dijo Peña en declaraciones a EFE tras participar en un evento académico en Sao Paulo.
Peña está de visita en Brasil, en un viaje, el segundo al país desde que ganó las elecciones, el pasado 30 de abril, que incluye paradas en Sao Paulo, donde hoy participó en un acto en el centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV), y Brasilia.
El gobernante electo espera que las diferencias que mantienen Paraguay y Venezuela respecto a ese asunto se resuelvan en el proceso de arbitraje que tramita «en la Cámara de Comercio de París».
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la semana pasada al mandatario saliente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pagar la deuda de unos 300 millones de dólares que su país tiene con la nación caribeña, «antes de irse de la Presidencia», el próximo 15 de agosto.
Esa deuda se refiere a una operación a través de la cual la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vendió combustible a Petróleos Paraguayos (Petropar) en 2009.
Peña confirmó que el valor de la deuda es de «cerca de 300 millones» de dólares y subrayó que lo que está en discusión, no es la cuantía de la misma, sino «el mecanismo de financiamiento».
«La posición es que hay un arbitraje en la Cámara de Comercio de París y ese arbitraje va a tener que decidir entre la posición de Venezuela y la posición de Paraguay, que es una posición diferente», insistió Peña.
Dentro de su estrategia de política externa, el futuro mandatario paraguayo ya ha indicado que pretende reabrir la embajada en Caracas y restablecer sin condiciones las relaciones con Venezuela, rotas desde 2019 por decisión de la Administración de Abdo Benítez.
El gobernante saliente, de hecho, se pronunció sobre esa deuda de 300 millones en concepto de combustibles y afirmó en su día que «de ninguna manera» negociaría mientras el presidente Nicolás Maduro esté en el poder.
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