El tribunal municipal del área Metropolitana de Caracas emitió este viernes una medida cautelar de cierre contra una clínica privada en Catia que ofrecía servicios médicos sin contar con ninguno de los permisos de funcionamiento exigidos por la Ley.
Según el fallo judicial, la Unidad de Diagnóstico Pérez Bonalde, ubicada en Catia al oeste de la capital venezolana, carecía de todos los permisos y autorizaciones que son solicitados por el Ministerio de Salud para realizar actividades asistenciales, y actuaba mercantilmente bajo la fachada de empresa de venta de equipos médicos.
De igual forma, señalan que los medicamentos se entregaban y aplicaban tampoco tenían controles del Estado venezolano, por lo que no se puede verificar su autenticidad.
Una fuente relacionada al caso, indicó que el propietario del establecimiento radica en la ciudad de Miami, y allí se transferencias los fondos obtenidos.
«El mencionado alardea que está protegido por altos funcionarios del Gobierno Nacional, entre los que se encuentran magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y generales de la Fuerza Armada Nacional, quienes le permiten operar al margen de la Ley, sin los controles legales necesarios, poniendo así en riesgo la Salud de la población», refirió la fuente.
En los próximos días, las autoridades sanitarias emitarán pronunciamiento al respecto y se establezcan las responsabilidades legales correspondientes.
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