Alejandro Ojeda* ya tenía tres meses desde que salió de su casa en Cupo, un pequeño pueblo en el centro-oriente de Venezuela. En México, sus intenciones eran continuar esa espera mientras avanzaba la libertad condicional humanitaria. Cinco notas de voz cargadas de amenazas aceleraron la decisión de entregarse a las autoridades estadounidenses.
Llevaba ya 17 días cruzando la selva del Darién, que une a Colombia con Panamá, donde se pueden ver grupos de entre 50 y 100 venezolanos haciendo lo propio en una travesía riesgosa, que a pesar de los riesgos y regulaciones impuestas por los países involucrados, incluido EE.UU. -visto como destino final-, cada mes aumentan más las cifras migratorias.
Pero los excesos no solo están ahí. Las canoas -como se conoce a los cobradores de peaje- o los coyotes -guías de la ruta- en el resto del trayecto a pie, en bus, en barco y hasta en el techo de un tren, se han sumado al elevado coste del traslado, y al pecado que cause no cumplir con los pagos requeridos o denunciar la falta de respuesta después de haberlos hecho.
Él El hombre de 38 años ya había gastado un total de 1.100 dólares desde que salió de Venezuela hasta llegar a la Ciudad de México. Luego le pagó a un coyote 3800 pesos mexicanos (US$220), para llevarlo al puente fronterizo de El Paso, que lo comunica con Texas. Esto último no sucedió, y aunque no pretendía decir nada, lo discutió con otros del grupo que sí se quejaron con los “guías”.
Las amenazas llegaron al día siguiente. Alejandro tenía al menos ocho notas de voz en un chat de WhatsApp con uno de los coyotes involucrados. Lo llamaban “sapo”, “mentiroso”, etc. Afirmaron que le cortarían la lengua y luego desaparecerían su cuerpo. Esto llevó al joven venezolano a tomar la decisión de entregarse a las autoridades estadounidenses en El Paso para optar por la medida de “miedo creíble”, que establece una detención de al menos 9 días.
“Según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, unas 248.000 personas atravesaron la selva del Darién en 2022, de las cuales el 61% eran de nacionalidad venezolana. Actualmente, según la información reportada por las autoridades, este año más de 270.000 personas han realizado este peligroso trayecto, de las cuales el 57% son venezolanos”, dice Margarida Loureiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís de ACNUR en Panamá, consultada por Bloomberg. Línea.
El especialista relata parte de las conversaciones que sostuvieron con algunos de estos migrantes, entendiendo la decisión tomada, que radica principalmente en la falta de oportunidades laborales, acceso limitado a alimentos y servicios médicos, e inseguridad, amenazas o intimidaciones.
Lorenzo también se refiere a los riesgos del recorrido, que además de las dificultades inherentes al terreno montañoso, incluidos ríos con fuertes corrientes, incluye amenazas tras actos de fraude, Como el caso de Alejandro. Y es que uno de cada tres venezolanos reportó a ACNUR haber vivido abusos o maltratos en la selva, amenazas e intimidaciones (34%), robos (19%) y abusos sexuales (6%).
Aún así, como claramente expresan los datos proporcionados por la Oficina Multipaís, el número de venezolanos, lejos de detenerse o disminuir, ha crecido en el último año, también a pesar de las regulaciones y esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos y México. .
En octubre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una medida de remoción, realizada bajo el Título 42, una orden de salud pública que se creó durante el gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia del covid-19. Los venezolanos que ingresaron a ese país sin autorización serían devueltos a México.
La decisión estuvo acompañada de un programa que permitiría el ingreso de 24.000 venezolanos a través de un proceso legal y seguro, demostrando el apoyo de un patrocinador estadounidense que les brindará apoyo financiero. Hasta abril de este año, unos 32.000 venezolanos habían utilizado este permiso humanitario, que entrará en proceso de discusión en agosto sobre su continuación.
“Solo el 8% de los venezolanos entrevistados durante 2023 reportó tener un pasaporte vigente, una barrera importante para que esta población acceda a canales regulares como el Parole Humanitario de Estados Unidos”, agrega Loureiro en contacto con BBL, sobre los otros obstáculos para esta población migrante, que sin embargo no hace mella.
Para la profesora Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, esto refleja la presión económica que se mantiene en Venezuela, y que se ha agudizado en los últimos meses.
“Estamos monitoreando grupos de migrantes que se están reuniendo en Táchira para cruzar a Colombia y sumar otros grupos para salir a Estados Unidos por el Darién. Son grupos de entre 30 y 40 personas ya veces muchas más, hasta 80. Esto quiere decir que los motivos de la migración forzada continúan. Hay mucha pobreza, pocas oportunidades laborales”, dice en conversación con BBL.
Pérez también destaca cómo se compara el número de muertos en este camino migratorio con las posibilidades de llegada de quienes lo emprenden. “Puede haber condiciones adversas, pero la cuenta que toman los migrantes es que son condiciones que se pueden controlar. No es suicidarse, es que hay una alta posibilidad de llegar con vida al otro extremo, claro, se puede hacer con muchas dificultades”, agrega.
A juicio del investigador, el colapso migratorio en Sudamérica también refleja un factor importante en la toma de estas decisiones. Por eso, considera que las acciones estructurales, en materia social y económica, incluidos los cambios de gobierno, son realmente las que pueden frenar estos vertiginosos procesos.
“Las medidas tomadas por los organismos internacionales son paliativas mientras tanto”, dice.
*La identidad real del protagonista de esta historia fue reservada por medidas de seguridad.
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