«Venganza y control»: las razones del despiadado ataque de Daniel Ortega a una universidad jesuita

Este martes, el régimen nicaragüense acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ordenó la confiscación de todos sus bienes, confirmó la universidad manejada por la Compañía de Jesús a través de un comunicado.

“Hacemos de su conocimiento que el día 15 de agosto del corriente año, a las 05:29 minutos de la tarde, hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Dra. Gloria María Saavedra Corrales”, donde se notifica “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús reaccionó alarmada a través de un comunicado pocas horas después de hacerse público el oficio.

“Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como ´Centro de terrorismo´, y se le imputa de haber «traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» y de ´haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país´”.

“La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: ´La verdad los hará libres´ (Juan 8, 32)”, agrega el comunicado.

A partir del jueves pasado, el régimen de Ortega está en posesión de la Universidad Centroamericana, a la cual rebautizó como Universidad Nacional Casimiro Sotelo, y eliminó su histórico nombre del frontis del edificio.

“Desde hace algunos años, la UCA ya era una paja en el ojo de la dictadura Ortega Murillo”, dice Ernesto Medina, un reconocido catedrático nicaragüense.

En lo que va de agosto, la dictadura de Ortega, en una ejecución concertada previa al asalto final, congeló las cuentas bancarias de la universidad, a través de la Superintendencia de Bancos; inmovilizó todas sus propiedades, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR); e inhabilitó el Centro de Mediación de justicia que funciona en esta alma mater, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya antes, la UCA había sido excluida del seis por ciento del presupuesto estatal que la Constitución Política destina a las universidades y se le negó la acreditación que otorga el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (Migob).

Jurídicamente la acción contra la UCA no tiene “pies ni cabeza”, dice un experto que pide omitir su nombre. “La confiscación de bienes está expresamente prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, y los supuestos hechos por los cuales se le acusa, aun cuando fuesen reales, ya fueron anulados por la Amnistía que se decretó en junio de 2019″.

La Universidad Centroamericana (UCA) tiene aproximadamente cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica, explica la página oficial del centro de estudios. Fue fundada a iniciativa de empresarios el 23 de julio de 1960 en Nicaragua por la Compañía de Jesús, como “una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.

Su primer rector fue el padre jesuita León Pallais Godoy, primo de Anastasio Somoza Debayle, el dictador derrocado en julio de 1979.

“Una universidad católica, pero abierta a estudiantes pertenecientes a todos los credos. Una universidad dirigida por los padres jesuitas, con colaboración de profesores seglares nacionales y extranjeros”, exponía en su oferta académica.

Tras la derrota de Somoza en 1979, la UCA se identificó con la revolución sandinista que gobernó Nicaragua durante la década de 1980, y comenzó a recibir un aporte estatal para su funcionamiento, dejando de ser una universidad totalmente privada. Ese matrimonio duró 15 años, hasta 1994.

El periodista nicaragüense Alfonso Malespín, quien durante varios años fue docente de la UCA, recuerda que, incluso, cuando el Frente Sandinista (FSLN), el partido que dirige Daniel Ortega, estaba en la oposición durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, “connotados operadores del FSLN dirigieron las protestas estudiantiles desde el fondo de la UCA, y a veces no tanto. Se les veía con walkie-talkie en mano orientando, ordenando qué y cómo hacer”.

El divorcio sobrevino tras un comunicado del entonces rector, sacerdote jesuita Xabier Gorostiaga, tomando distancia de las acciones sandinistas. “Fue así como la relación obsequiosa de los jesuitas llegó a su final después de 15 años (1979 – 1994). El último de aquellos rectores cercanos al sandinismo había sido el extinto rector César Jerez”, señala Malespín.

“Quienes lo conocen dicen que Ortega no olvida una afrenta. Digo esto porque para él es una afrenta que la UCA haya comunicado a la nación en 1994, que dejaría de ser el cuartel central de las protestas del 6%, que la UNEN (organización de estudiantes universitarios) le reclamaba al gobierno de doña Violeta de Chamorro”, añade.

Según el periodista, a Ortega le quedaron tres armas dentro de la UCA: “el movimiento estudiantil (CEUUCA), el sindicato de trabajadores y un grupo de exfuncionarios que estudiaban Ciencias Jurídicas desde que había terminado la revolución de los años 80″.

A partir de entonces, dice Malespín, la UCA se dedicó a recuperar su autonomía y cimentar el prestigio de sus primeras décadas de existencia. “La universidad se convirtió en el escenario donde se discutían los temas que marcaban la difícil transición hacia la democracia y el desarrollo de una sociedad diferente a las de las décadas previas. A la par, desarrolló nuevas facultades, laboratorios, extensión universitaria, estudios e intercambios con las fuerzas que marcaban la transición en el país”.

Mientras eso ocurría, la UCA empezó paulatinamente a recibir menos dinero del presupuesto estatal tradicionalmente asignado, hasta el año 2021cuando el aporte de fondos públicos fue “cero”.

“Dentro del CNU (Consejo Nacional de Universidades) se le venía recortando el presupuesto mucho antes del 2018 y era, pienso yo, para presionar a la UCA a que se plegara a la línea que todas las universidades miembros del CNU seguían, que era la línea del partido Frente Sandinista”, valora el Ernesto Medina, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León) y de la Universidad Americana (UAM).

Sin embargo, tras el regreso al poder de Ortega en 2007, se produjo un cierto acercamiento a la UCA. “Varios profesores de esa universidad hasta fueron asesores del gobierno de Ortega, y la cantidad, frecuencia y nivel de crítica de la UCA al gobierno fue escasa. ¿Pensaban que de esa manera el comandante dejaría de otorgarles una porción más reducida del 6%?”, se pregunta Malespín.

La ruptura definitiva aconteció en 2018, cuando estallaron las protestas populares que pedían la salida de Ortega del poder, y que fueron detonadas principalmente por estudiantes universitarios.

La UCA se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno. Su rector, José Idiáquez, fue parte del equipo negociador del “Diálogo Nacional” en los años 2018 y 2019.

“Pronto comenzó la venganza del comandante por todas aquellas afrentas. Primero prohibió que al país reingresara el rector José Idiáquez. Luego, le negó retornar al vicerrector Jorge Huete, una de las eminencias científicas de Nicaragua, y les congeló las cuentas bancarias después que, durante la misa del 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, se mencionara al obispo Rolando Álvarez” señala Malespín.

Para este periodista y docente, el ataque de Ortega hacia la UCA se explica “porque no pudo controlarla como él quería. Porque ese modelo es una amenaza en contra de su propósito de discurso único. Porque se atrevió a ser el epicentro de las protestas en contra de su dictadura. Y porque de su claustro expulsaron a todos aquellos agentes del régimen que durante una década hicieron de profesores universitarios”.

Con la confiscación de la UCA, ya suman 27 las universidades a las que, desde diciembre de 2021, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega ha cancelado y ordenado la confiscación de todos sus bienes. Siete de estas universidades canceladas eran de origen extranjero.

Para la abogada y también catedrática de la UCA, ahora en el exilio, María Asunción Moreno, el caso de la UCA “merece un análisis diferenciado” con relación al cierre y confiscación de las otras universidades.

Hay, dice, “un espíritu de venganza y de pasada de cuentas dirigido hacia una institución que siempre ha alzado la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria en las últimas décadas”.

Pero, también destaca que “la dictadura de Ortega Murillo tiene un proyecto político que busca consolidar un modelo autoritario dinástico de partido único a través del control político de todos los sectores de la sociedad e imponer el adoctrinamiento del sistema educativo que alcanzó a la educación superior con la reforma que se hizo el año pasado a la ley 89, ley de autonomía universitaria”.

Con esta reforma, añade la experta, “se legalizó la injerencia del poder político en las instituciones de educación superior, se eliminó la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y, prácticamente, se hizo un acta de defunción de la concepción de universidad como un centro de creación de ideas y pensamiento crítico”.

Medina considera que la UCA “nunca fue una opositora abierta contra el gobierno, pero mantenía una línea como la que mantiene cualquier universidad decente, de independencia y de concentrarse en las tareas que debe sacar adelante una universidad”. Y eso, dice, incomodaba a Ortega.

Luego, “el gobierno siempre se sintió incómodo con la participación de los estudiantes de la UCA, y eso hay que dejarlo claro: nunca las autoridades universitarias de la UCA anduvieron promoviendo que sus estudiantes se involucraran en acciones y en protestas en contra de decisiones del gobierno”, señala Medina.

“La única responsabilidad de la UCA es haberles dado a sus estudiantes una educación que fomentaba el espíritu crítico, la discusión de los problemas del país, y el asumir una posición como joven, como persona que busca un mundo más justo en esos temas donde claramente se están cometiendo injusticias”, agrega.

Por su ubicación geográfica, en el centro de Managua, la UCA se convirtió en un importante refugio de los jóvenes que participaron en las protestas de 2018, a tal punto que desde entonces la universidad permaneció permanentemente rodeada de patrullas de policía.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo nunca perdonaron este papel de los estudiantes de la UCA en diferentes momentos en los que se protestó en contra del gobierno y mucho menos perdonaron lo que ocurrió a partir del 18 de abril del 2018″, dice Medina.

Para Medina, el mensaje con el ataque a la UCA está claro: “El gobierno controla todos los mecanismos del poder y de la justicia para hacer lo que le da la regalada gana y, sobre todo, para sancionar aquellas instituciones que ellos consideraban que habían sido importantes en el movimiento de protestas de abril-mayo de 2018″.

El catedrático considera que desde el comienzo la UCA encabezaba la lista de centros a sancionar por Ortega, pero antes cerraron y confiscaron más de 20 universidades porque no se atrevían a entrarle a la UCA con “los mismos argumentos falaces” que utilizaron en otras universidades.

“Todo el mundo tenía temor de que en algún momento se emprendieran acciones contra UCA, que había quedado como en un limbo”, dice. “Finalmente, parece que se llegó a ese punto”.

“Hay que estar claros que esto es una decisión por razones políticas, es la sanción a la UCA, a sus estudiantes, por haberse atrevido a salir a la calle y pedir la renuncia de un gobierno que estaba matando estudiantes en la calle, que había reprimido a ancianos porque reclamaban el respeto a sus pensiones. Eso fue el origen de todas las grandes protestas, el golpe de Estado y lo demás, todos sabemos que es una enorme mentira del gobierno”, concluye Medina.

El futuro para la UCA es desolador. Como a las otras universidades, dice el catedrático, el régimen “le va a quitar el alma”.

“Es pura ansia de control político y, obviamente, a una universidad a la que se le corta la posibilidad de pensar, de discutir, de ser un espacio de reflexión y de análisis de los problemas del país, es una universidad sin alma, y eso es lo que ellos están creando, un montón de instituciones con el título de universidad, pero que en realidad son centros de adoctrinamiento, de control político, únicamente con el propósito de servir de base y de fundamento a un proyecto dictatorial, dinástico, absolutista, que es lo que Ortega está haciendo con Nicaragua. Y en un proyecto de ese tipo, no caben las universidades donde se pueda pensar libremente”.