La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la extradición formulada por Venezuela ante Colombia para que ese país envíe a Xiomara Acirys Amador Grau (41), señalada de asesinar a tres adultos mayores.
Tal decisión está contenida en la sentencia 294 redactada por el magistrado Maikel Moreno y en donde se señala que la mujer tiene una orden de aprehensión del Tribunal 5º de Control de Caracas, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado ejecutado con alevosía en la ejecución de un robo agravado.
Ese delito lo cometió Xiomara Acirys hace seis años, es decir, el 21 de agosto del año 2015 dentro de la quinta Tounar, ubicada en la avenida Los Jardines, urbanización Prados del Este, municipio Baruta (Miranda), dice la sentencia.
Ese día, Xiomara ingresó al inmueble en compañía de su esposo Francisco López. En la caseta de vigilancia dijeron que ella haría limpieza y él trabajos de electricidad. Pero ya dentro de la quinta sometieron a los tres adultos mayores presentes, integrantes de una sola familia. Los golpearon, ataron de brazos y pies para posteriormente asfixiarlos hasta quitarles la vida, relata la sentencia.
Las víctimas fatales quedaron identificadas como Arelis del Valle Rodríguez de Miranda (66), María Carlota Villalba de Rodríguez (80) y Antonio Rodríguez Villalba (66).
Triple asesinato
Ocho años después de ocurrido ese triple asesinato, Xiomara, partícipe de aquel hecho, fue detenida el 20 de mayo pasado en las instalaciones de Migración Cartagena, Colombia, procedimiento que las autoridades del vecino país notificaron a Venezuela, según consta en la sentencia.
A partir de esa detención, los fiscales Gabriela Carolina Gómez Sequea y Luis Enrique Balza Rangel, solicitaron al Tribunal 5º de Control de Caracas el inicio del procedimiento de extradición activa.
El expediente fue enviado a la Sala Penal donde sus magistrados constataron que estaban cubiertos todos los requisitos para avalar la extradición y procedieron a su aprobación. La Sala dejó constancia del compromiso adquirido con Colombia de juzgar a Xiomara con las debidas garantías constitucionales.
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