El viernes 15 de septiembre, el grupo de jubilados y accionistas clase B de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que organizaron una huelga de hambre en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) denunciaron que la junta interventora aún no ha cumplido con la instalación de la mesa de trabajo que se acordó en acta de reunión el pasado 23 de agosto.
Por Tal Cual
Los afectados alegaron que luego de 20 días sigue sin instalarse la mesa de trabajo prometida por la directiva, en la que se abordarían problemáticas como la desincorporación de trabajadores, la falta de atención médica para los pensionados y el mal cálculo de las prestaciones sociales.
Esto último debido a que los afectados aseveran que los montos se han devaluado y, además, que fueron calculados con salarios que son desconocidos para ellos, ya que no reciben listines de pago.
Aun así, aceptaron que se ha cumplido el cronograma de pago presentado por la CVG y que los huelguistas ya recibieron el pago por concepto de prestaciones sociales; sin embargo, Hugo Medina, líder de la huelga, alegó que los montos están por debajo de lo esperado.
“Esto que pagaron se debe asumir como un adelanto de prestaciones no como un pago definitivo, esto está sujeto a reclamo. Hay que hacer una revisión profunda. Hay que ver en qué se basaron para hacer esos pagos. Los trabajadores ni siquiera firmaron una planilla de liquidación para recibir sus prestaciones sociales. A ti te llegan unas prestaciones y te dicen que estás jubilado. ¿Qué está pasando? Presumimos que no hay transparencia. El trabajador desconoce cuál es su salario real, menos conoce el cálculo de prestaciones”, enfatizó Medina.
El grupo consignó un documento en la CVG en el que manifiestan estar en “profunda alerta y preocupación por no tener hasta estos momentos por parte de la CVG, fecha y hora para la reunión formal propuesta con el bloque de asociaciones de jubilados con ustedes como máxima autoridad de la CVG”.
En el texto recalcan que la huelga de hambre que emprendieron desde el 16 hasta el 24 de agosto se levantó por el compromiso de iniciar un diálogo para dar respuesta a los reclamos y, hasta ahora, esto no ha tenido lugar.
Esta no es la primera vez que la junta interventora falta a un compromiso, el pasado 5 de abril acordó una audiencia con los jubilados y pensionados, la cual nunca tuvo lugar.
El asesor jurídico de los pensionados, Roberto Reinoza, manifestó que las prestaciones fueron calculadas con salarios que no corresponden a lo que percibe el homólogo del trabajador activo, lo que se traduce en una pérdida para el trabajador.
“Esto es un atentado para el patrimonio del trabajador. Hay que revisar todos esos cálculos. Hay casos de trabajadores que los jubilaron con salarios inferiores a los que percibían en el mes de jubilación. Diferencias de hasta 1.000 bolívares. Quienes recibieron las órdenes de hacer los cálculos le metieron la mano en el bolsillo a los trabajadores para quitarles los riales”.
Según Reinoza, hay más de 40 casos con anormalidades en el pago de beneficios.
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