Otra vez la Jueza de Terrorismo Grendy Alejandra Duque Carvajal realizó un juicio evacuando pruebas a través de llamadas telefónicas que hizo a funcionarios de la DGCIM, “quienes no sabían, o tenían escaso conocimiento del caso alegando que solo prestaron seguridad en el procedimiento. Las credenciales de los funcionarios no coincidían con las del expediente”. Se repite, como en otros casos, la figura del testigo estrella o patriota cooperante. El supuesto material incautado fue destruido. Los funcionarios de la DGCIM declaran a través de llamadas telefónicas.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Los imputados fueron torturados psicológicamente, se les violentó el debido proceso y se les negó la defensa durante meses. Así es el caso de tres militares retirados y un policía activo, condenados el 9 de mayo 2023; por Ley la juez debió publicar la sentencia hasta 10 días después, pero van casi seis meses de espera.
Aun no eran las 5 de la tarde cuando el 18 de diciembre 2020, fueron detenidos, en un procedimiento controlado por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Coronel (Av) Eddy Carlos Jordán Azavache (68 años), su hijo el S/2 (Av) Gabriel Alejandro Jordán Padrón (30) y el My (Ej) Niuman Rafael Sequera Gómez (47); todos retirados de la Fuerza Armada. Además del funcionario activo de la policía del estado Miranda, Jairo Eliezer Gutiérrez Belisario (49).
Horas antes había sido aprehendido Alirio de Jesús Ochoa Gil (67), en posesión de fulminantes eléctricos que es un material de uso minero, el cual habría comprado legalmente porque poseía las facturas de compra.
Cuando la Dgcim chequea el teléfono móvil de Ochoa se percata que la última llamada realizada fue al funcionario de la Policía, Gutiérrez, quien conocía al coronel, y se había ido a compartir con unos amigos en la zona de la urbanización Rosaleda Sur, municipio Salias, estado Miranda. Ante esa información, los funcionarios de Dgcim, fueron hasta La Rosaleda donde detienen a los tres militares.
Si el procedimiento se hizo en el marco de una entrega controlada, ¿por qué no había orden judicial, testigos, ni presencia del Ministerio Público? Lo que evidenciaría la violación del Art. 33 de la Ley Especial contra Delincuencia Organizada. También al realizar chequeo corporal violentaron el Art. 191 del Código Orgánico Procesal Penal ya que tampoco tenían testigos para ese procedimiento.
Familiares de los detenidos aseguran que “al momento de la detención no había órdenes de aprehensión, las cuales fueron hechas días después con apoyo de la entonces Juez de Control del Tribunal 52 en Materia de Terrorismo y Delincuencia Organizada, ‘La Nena’ Luisa Renee Garrido Traspalacio”.
Los detenidos fueron trasladados a la sede principal de la Dgcim, Boleíta, Caracas; “recluidos en una celda de 2×1 metros, en la prevención de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE). Estuvieron durante dos días sometidos al frío y a torturas psicológicas, amenazándolos de que irían a sus viviendas y meterían presa a su familia por supuesta vinculación con algún plan en contra del Estado y sus instituciones, siendo absolutamente falso”.
La juez Grendy Alejandra Duque Carvajal ignoró todo lo esgrimido por la defensa, “incluso hizo caso omiso a los imputados cuando alegaron que el dueño de ese material era Alirio Ochoa, y que era una simulación de hecho punible por parte de la Dgcim, ya que les pagaban entre 600$ y 1000$ por armar casos que supuestamente atentaran contra el Estado”.
Alirio de Jesús Ochoa Gil no sobrevivió y murió en el 2021, en los tenebrosos sótanos de la Dgcim, por supuesto Covid-19. “La Dgcim arregló el acta de defunción para que fuera emitida a través de los centros de aislamiento del Poliedro de Caracas”.
“La juez y fiscal sin estudiar el caso, ni debatir las pruebas, condenaron a 16 años a todos los involucrados sin ningún tipo de alegato ni soporte jurídico que avalara, o fuera concordante para dicha condena”. Grendy Alejandra Duque Carvajal es la juez que condenó a sindicalistas y 10 militares, con penas de entre 16 a 30 años.
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