La ONG Provea denunció que al menos 87 sindicalistas han sido detenidos por defender sus derechos laborales durante los últimos 10 años, bajo el mandato de Nicolás Maduro, el autodenominado «presidente obrero».
La coordinadora de Investigación de Provea, Lissette González, presentó esta cifra durante su intervención en el 188º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Entre 2013 y 2022, los primeros 10 años del gobierno de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido detenidos y procesados por defender sus derechos», afirmó.
La defensora de derechos humanos recalcó que los dirigentes sindicales constituyen un «sector en alto riesgo» por las represalias que sufren por exigir sus derechos, pues la mayoría de las protestas del país ahora tienen un enfoque laboral.
Según datos de Provea, 71% de las protestas registradas entre enero y junio de 2023 tuvieron un foco laboral, una situación condicionada por los bajos salarios en medio de una política salarial que ha llevado a no decretar ningún ajuste en 20 meses.
Las arremetidas contra los líderes sindicales ha incrementado en los últimos años. Tan solo en 2022 se registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales.
El accionar contra la clase trabajadora «incluye actos de hostigamiento, persecución, amenazas de despido e incluso encarcelamiento», según resaltó González en su intervención.
Mencionó también la detención arbitraria de Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, seis líderes sindicales que el pasado mes de agosto fueron sentenciados a 16 años de prisión en un juicio caracterizado por la ausencia de pruebas y el uso de una captura de pantalla de un chat como único sustento.
«Este patrón de persecución a líderes sindicales se ha mantenido durante 2023, las protestas sindicales en Bolívar por los bajos salarios, los reiterados incumplimientos de los contratos colectivos han generado fuertes reacciones oficiales que buscan controlar estas manifestaciones», manifestó.
Así se evidencia en la persecución sostenida contra trabajadores de Sidor, que se mantienen continuamente en protesta por la violación de sus derechos laborales. Al menos 10 empleados de la compañía han sido detenidos este año.
«Denunciamos el papel del Poder Judicial en las violaciones a la libertad sindical en relación con las protestas de Sidor, el 13 de junio un Tribunal Laboral de primera instancia emitió una sentencia que prohíbe la obstaculización de operaciones. Esta medida es una clara violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales», argumentó.
Finalmente, hizo mención a la suspensión del Foro de Diálogo Social mediado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estaba pautada para los días 5 y 6 de octubre, instancia en la que se discute el incumplimiento de Venezuela del convenio 87, relativo a la libertad sindical.
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