“En la dirección general de Armas y Explosivos (DAEX), a cargo del General de División (Ej) Jesús Antonio Carrera Mora, mensualmente se pierden armas de diferentes modelos y calibres. Señalan como culpable a algún militar en grado de sargento, teniente, capitán o mayor, para que pague por el extravío de esas armas; la mayoría de ellos son solo chivos expiatorios, a quien la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acomoda actas policiales con las que ha perjudicado la carrera y la libertad de varios militares. La mayoría de esas armas en realidad salen a la venta para los pranes en las cárceles y las bandas delictivas”, dice un oficial en conversación con Infobae.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Recalca que ese hecho ha sido repetitivo “durante los seis años que tiene el general Carrera en el cargo, cuya promoción ya pasó a retiro, incluyéndolo a él; se han perdido un gran número de armas que han ido a parar a las cárceles del país. Obsérvese que por ello no existe explicación alguna de por qué en la reciente toma de las cárceles se encontraron lotes de armas sin contar en ello las de mayor calibre que se llevaron los pranes y sus luceros consigo”.
“El gran negocio de las armas y municiones perdidas o robadas es la venta a las cárceles y a las megabandas, que por cierto han usado los centros penitenciarios de Venezuela, como sus búnkeres particulares para delinquir desde ahí. Esos pranes han sido intocables, unos han sustituido a otros, según el funcionario político que los controle. Lo que sí puedo decirle es que el DAEX es un supermercado para comprar armas y municiones”, finaliza diciendo.
En indagaciones que Infobae hizo sobre militares presos por robo de armas resulta coincidente que la mayoría de ellos son de bajo grado, son personas de muy bajos recursos económicos, quienes terminaron en manos de defensores públicos, cuyos familiares no saben a qué organismo denunciar lo que ha sucedido desde que, muchas veces sin prueba alguna, aparece la DGCIM y los detiene por orden de la Dirección de Armas y Explosivos. A eso se le suma el negocio de los portes de armas.
Un ex funcionario de DAEX le dijo a Infobae que “los portes de armas están suspendidos para el personal civil, pero por 5 mil dólares autorizan a que hagan el porte de armas y le dan una acreditación como colaborador de la DGCIM, para así justificar el uso y posesión del arma. Además, la asignación de un arma con el porte de armas también tiene precio”.
“¿Sabe por qué los pranes no cayeron con la toma de las cárceles? Porque iban a empezar a nombrar a los generales y coroneles que les dan acceso a esas armas, van a decir de dónde salieron las armas, quiénes se las comercializaron y van a rodar muchos nombres del Daex”.
El GD Jesús Antonio Carrera Mora es el Director General de Armas y Explosivos; coronel Juan Ernesto Barrios Villegas es el director del Parque Nacional de Armas; Coronel Germahint Flores Moreno, jefe de Armas y Municiones del Daex; Teniente Coronel Francisco Javier Sanjuan Sánchez, jefe de la Oficina de Portes de Armas.
Porte de armas
Hasta que la Ley para el Desarme y Control de Armas, presentada por el entonces Ministro del Interior, Tareck El Aissami, en el 2011 y aprobada en el 2013, regía la posesión de armas de fuego. Desde ese momento queda regularizada la tenencia, el porte, el uso y la comercialización de armas, que finalmente se le aplicó al venezolano común, que no podía usar ni portar armas ni siquiera para la caza deportiva; el control de esa asignación, en manos del Ministerio de la Defensa, supuestamente brindaría más seguridad, pero lo que se reforzó fue el poder de las bandas armadas ante una población desarmada.
El 2 de mayo 2017, poco después de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, sin haber consultado al pueblo en Referéndum, el General en Jefe (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, para el momento ministro del Interior y Justicia, anunció que “se suspende el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional por 180 días, para garantizar la seguridad, la paz y el orden interno”.
En agosto 2019, el gobierno venezolano emite la resolución conjunta números 032321 y 143, que suscriben los ministros de Defensa y de Interior y Justicia, GJ (Ej) Vladimir Padrino López y GJ (GNB) Néstor Luis Reverol Torres, suspendiendo el porte de armas de fuego y armas blancas, con la advertencia que quien cargue un arma podría quedar privado de libertad.
El argumento fue “garantizar la paz, el orden interno y la integridad física de todos los que viven en Venezuela”; el porte de armas de fuego y armas blancas se suspende por un año prorrogable. La resolución no se aplica a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), funcionarios de los cuerpos de seguridad ciudadana, policías, custodios del transporte de valores y los encargados de la seguridad de los entes públicos y sedes diplomáticas. Han pasado cuatro años desde entonces.
Los organismos castrenses tiene numerosas publicaciones insistiendo en la destrucción de armas previa verificación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que luego son trasladadas a la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) y finalmente pasan por un proceso de destrucción donde son fundidas para posteriormente ser utilizadas para la construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
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