En el último minuto del 30 de noviembre, el Gobierno de Noruega confirmó la recepción de un acuerdo entre el Gobierno chavista y la oposición venezolana que contempla la creación de un “procedimiento” que haría posible a los candidatos inhabilitados -en especial a María Corina Machado, que lidera todas las encuestas de opinión del país- apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia la decisión que los impide participar en las elecciones de 2024.
Los políticos inhabilitados tendrán 15 días para presentar sus recursos por el veto emitido por la Contraloría General de la República. La decisión abre una puerta para los candidatos, pero su resultado es incierto. Muchos analistas consideran que se trata solo de una forma del chavismo de comprar tiempo.
Estados Unidos había anunciado que esperaba hasta el 30 noviembre para ver algún gesto por parte de Caracas con el objetivo de concretar garantías para la organización de unas elecciones libres y verificables que permitan conjurar de una vez la interminable crisis política de la nación caribeña. Washington, una vez suprimidas las sanciones energéticas al Gobierno de Nicolas Maduro, también espera la liberación de algunos de los 300 presos políticos que todavía existen en el país.
La reacción del Gobierno de Nicolas Maduro produjo cierto alivio ante la posibilidad de que todo el acuerdo de Barbados -alcanzado hace un mes y medio entre el chavismo y la oposición- rodara por los suelos, pero en modo alguno ha sido interpretada como una salida, una concesión definitiva o un compromiso concreto. Sobre todo porque la revolución bolivariana controla todos los poderes públicos del país como si se tratara de sus propias extremidades, algo que la plana dirigente chavista hace rato no disimula. En el entorno político y jurídico de la oposición venezolana, esta es la impresión más extendida, aunque no se ha producido una reacción oficial.
Poco antes del anuncio de Noruega, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había afirmado en su programa televisivo de los miércoles que la habilitación política de Machado “no va a suceder nunca”, y dijo públicamente a Gerardo Blyde, jefe de la oposición en la mesa de negociaciones, que no debería estar haciendo afirmaciones que sugieran lo contrario. Cabello afirmó, entre otras cosas, que habilitar a Machado “no es un problema” suyo, sino de los tribunales e instituciones del país que, dijo, “son autónomos”.
“Lo más importante de lo sucedido es que Maduro no rompe con el ultimátum de Estados Unidos”, afirma Carmen Beatriz Fernández, consultora y analista político. Lo que Maduro persigue “es ganar tiempo”, dice. No romper con la dinámica que le ha valido el fin de las sanciones energéticas sin comprometer nada de fondo. “Maduro ha abierto las puertas del laberinto, acá no hay nada resuelto”, añade.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli sostiene que “la propuesta lo que denota es que no hay ninguna voluntad política de resolver este problema. Bastaría con que la propia Contraloría revoque sus actos previos, que son ilegales”. Rafalli recuerda que, en rigor, María Corina Machado no está formalmente inhabilitada como consecuencia de un procedimiento legal con sentencia firme de un tribunal, y ni siquiera se le ha comunicado la decisión -Elvis Amoroso, actual director del Consejo Nacional Electoral, contralor general hasta el pasado mes de abril, fue el autor de las inhabilitaciones políticas más importantes del país-. “Nada garantiza que le den el amparo y luego se lo revoquen con una sentencia de fondo. La verdad es que es una medida que no es aceptable”, afirma.
Rafalli prevé que cualquier decisión ulterior de la Sala Político Administrativa puede sacarse de encima con facilidad una solicitud personal de reconsideración de Machado, luego de haber legitimado esta posición recurriendo ante la justicia chavista. También considera probable que se haga un ejercicio selectivo de rehabilitaciones de otros candidatos vetados con el objeto de crear mayores fisuras. “Hay que recordar que estamos en un juego desigual, aquí la fuerza la controla la élite chavista”, afirma Stefania Vitale, académica y politóloga del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.
“El resultado de las primarias cambió la dinámica política, fortaleció de nuevo las posibilidades de la oposición. A nadie le queda claro si la medida judicial te va a permitir participar en la consulta. Pero a Machado no le queda otro camino, tiene que transitar esa vía. Ella está llamada a rescatar la importancia de la coordinación formal de su equipo político y tener previstas todas las opciones posibles”, dice. “Ya otras veces el campo democrático se ha quedado con las manos vacías por eso. Hay que tener una estrategia flexible. Maduro quisiera ganar una elección como las que antes ganaba Chavez, está esperando por el aumento de los ingresos fiscales que le puedan dar los acuerdos petroleros post sanciones. Pero el chavismo está en malas condiciones. Nadie tiene la tarea hecha”, asegura.
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