El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, fue detenido este jueves como parte de una presunta gran trama de corrupción con infiltraciones del narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial, y que involucra a 30 investigados, entre altos jueces, fiscales, policías, abogados y criminales.
En un mensaje publicado en redes sociales, la fiscal general, Diana Salazar, anticipó que formulará cargos por presunta delincuencia organizada contra Terán y una treintena más de personas investigadas dentro del bautizado como caso ‘Metástasis’, llamado así por la extensión de esta aparente trama de corrupción en diferentes niveles del Estado.
La detención de Terán se ejecutó como parte de un gran operativo desarrollado en la madrugada de este jueves que conllevó más de 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
Terán difundió en redes sociales el momento de su detención, a la que calificó como «sin fundamento alguno».
«Respetuoso de la ley me defenderé. Con esta persecución han destruido la carrera judicial», apostilló Terán, cuya vivienda fue allanada y registrada, al igual que las oficinas del Consejo de la Judicatura.
Unas horas antes, en otro mensaje en vídeo difundido en redes sociales, el presidente del Consejo de la Judicatura había advertido sobre esta operación, de la que dijo que «carece de toda legitimidad y solo obedece a intereses para golpear y desestabilizar a la Justicia y, por ende, a la democracia.
«Aquí estoy, aquí me tienen, estoy en mi despacho y no escondo nada», señaló Terán, que afirmó que esta operación busca evitar su intención de depurar el poder judicial.
Este episodio se da en medio de fuertes tensiones por la permanencia de Terán en el cargo, después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana (CPCCS) lo designase en febrero y la Corte Nacional de Justicia le retirase la confianza en agosto.
De forma paralela, el ‘correísmo’ trata de promover en la Asamblea Nacional (Parlamento) un juicio político para destituir a la fiscal general, tras haber llevado en años anteriores la acusación que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Salazar explicó que esta investigación que implica a Terán surge a partir del asesinato dentro de prisión ocurrido el año pasado de Leandro Norero, uno de los presuntos mayores narcotraficantes de Ecuador.
A partir de ese hecho «se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico», afirmó la fiscal general.
«(Los) líderes de la estructura criminal contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción», añadió.
Salazar consideró que «el caso ‘Metástasis’ es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos».
La fiscal enfatizó que «hoy el término de la ‘narcopolítica’ ha sido evidenciado y ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para conseguir sus objetivos, y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia».
Entre los demás detenidos está el exjuez penal Ronald Guerrero y el general de Policía en retiro Pablo Ramírez, quien fue director del sistema nacional penitenciario y posteriormente director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía.
EFE
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