La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este martes la «persecución penal» contra «dirigentes opositores» en Venezuela que -aseguró- busca «obstaculizar» la participación política de antichavistas.
EFE
En un comunicado, la CIDH afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) contra 14 personas, entre ellas tres «dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado», forman parte de un «patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política» del antichavismo.
Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en comicios, quien fue «detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección», y liberado el 20 de diciembre, tras 14 días preso.
Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir», en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.
La CIDH aseguró que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad» y que «ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno» del presidente Nicolás Maduro.
Además, advirtió que el «uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política».
La comisión exigió al Estado venezolano, además de liberar «de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente», adoptar, «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».
El pasado 9 de diciembre, Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la «arremetida» del Gobierno en contra de su partido, Vente Venezuela (VV).
La exdiputada, inhabilitada para competir por cargos de elección popular, denunció entonces agresiones contra la sede de la formación, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas «con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela».
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