Roraima, el nuevo talón de aquiles de Brasil: entre la dependencia de Venezuela y la sombra de Hezbollah

Es el estado más pobre de Brasil, con un producto interior bruto (PIB) de 18.200 millones de reales, unos 3.770 millones de dólares, es decir, el 0,2% del PIB de todo el país. Sin embargo, Roraima, con casi 500.000 habitantes y más de 224.000 km2, en el norte del país, en la frontera con Venezuela y Guyana, se ha convertido en los últimos meses en el estado más importante para el equilibrio de toda la región y para las relaciones cada vez más opacas con Venezuela.

Infobae

La razón principal es la amenaza de un posible conflicto en el vecino Esequibo, una zona que corresponde a cerca del 70% del territorio de Guyana, ahora reclamada por el gobierno de Nicolás Maduro, interesado en la exploración petrolífera en sus aguas. El Presidente Lula se propuso inmediatamente como mediador entre los dos países. Su asesor especial, Celso Amorim, participó en la primera reunión de Maduro con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, que tuvo lugar en el Caribe, en San Vicente y Granadinas, el 14 de diciembre, y la próxima tendrá lugar en Brasil dentro de tres meses.

A pesar de que los dos países se han comprometido a continuar el diálogo y a pesar de las repetidas declaraciones de Lula de que “en Sudamérica nadie quiere la guerra”, el ejército brasileño ha reforzado sustancialmente su presencia en la frontera de Roraima desde la reunión del 14 dicembre. En caso de un posible ataque, de hecho, Maduro necesitaría a Brasil para entrar en Guyana ya que la única carretera transitable por vehículos pesados, la BR-401, pasa por aquí. En las mismas horas en que la Armada británica decidía desplegar su HMS Trent, un OPV (Offshore Patrol Vessel en inglés), del Caribe a Guyana para ejercicios conjuntos, los militares brasileños trasladaban decenas de MSS 1.2 AC. Se trata de misiles capaces de perforar 530 mm de blindaje de acero y muy eficaces contra objetivos situados hasta a 2 km de distancia, y se suman a los cerca de 28 vehículos blindados enviados a la frontera, hasta ahora descubierta e incapaz, según el diario O Estado, de defenderse de los carros de combate T72 de fabricación rusa en poder de Venezuela.

Soldados del ejército brasileño caminan antes de embarcar para una operación contra la minería ilegal de oro en la tierra indígena yanomami, en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

Y si las tensiones relacionadas con el Esequibo no fueran suficientes, Roraima preocupa ahora porque podría ser la nueva puerta de entrada de Hezbollah, especialmente en relación con el tráfico de oro. Siempre el pasado 14 de diciembre, la Policía Civil, durante un control normal en Pacaraima, localidad brasileña fronteriza con el estado Bolívar de Venezuela, se incautó de tres maletines que contenían 750.000 dólares, a bordo de un coche en el que viajaban tres libaneses, dos hombres y una mujer, que venían de Venezuela. No se ha revelado la procedencia del dinero ni la finalidad de su traslado a Brasil, donde la alerta sigue siendo alta tras la reciente operación Trapiche, que descubrió una red de reclutadores de Hezbollah que pretendía llevar a cabo atentados contra objetivos de la comunidad judía del país.

Esta enorme suma incautada el 14 de diciembre abre ahora importantes interrogantes. Precisamente en 2020, la Policía Federal brasileña con la operación Dhahab había desmantelado, siempre en Roraima y de nuevo en la frontera, una poderosa red criminal de tráfico de oro, liderada por tres hermanos libaneses, dos de los cuales residentes en Venezuela. El preciado material era fundido en la localidad venezolana de Santa Elena de Uairén, a unos 16 km de la brasileña Pacaraima. A través de un complejo sistema de empresas pantalla y testaferros en Brasil, el grupo conseguía blanquear el producto del contrabando. El oro y el dinero se ocultaban en el interior de coches que cruzaban la frontera. Uno de los implicados habría movido de esta forma más de 67 millones de reales en el primer semestre de 2020, unos 14 millones de dólares. Además, según los investigadores, en un periodo de 45 días entre febrero y marzo de 2020, el grupo envió más de 10 millones de reales, cerca de 2 millones de dólares, a Venezuela y recibió más de 50 kilos de oro.

Es importante recordar que en 2019 el opositor venezolano Américo de Grazia, entonces diputado por el estado minero Bolívar, había denunciado la presencia de miembros de Hezbollah, interesados en nuevas formas de financiar sus actividades terroristas, en la mina Las Rositas, en el sur del municipio Angostura, en Ciudad Piar y en el lago Guri en el estado Bolívar. A principios de este año, además, un documento firmado por el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, reveló la existencia de una operación de contrabando de oro entre Irán y Venezuela para financiar las actividades terroristas de Hezbollah. En mayo de 2022, decenas de kilogramos de oro fueron introducidos de contrabando en un vuelo iraní de Mahan Air, sujeto a sanciones estadounidenses, desde Venezuela a Teherán. El principal artífice de la trama criminal fue Badr Ad-Din Naimi Musawi, también conocido como Seyed Badroddin Naiemael Moosavi, un empresario iraní que dirigió el contrabando a través de una operación encubierta de la Fuerza Quds iraní.

En cuanto a los 750.000 dólares incautados el 14 de diciembre, las autoridades se interrogan ahora sobre el hecho de que el dinero haya llegado a Brasil procedente de Venezuela y no al revés, como se comprobó en operaciones anteriores. Y se preguntan si, en caso de que se trate realmente de dinero procedente del contrabando de oro, el oro era brasileño y luego se introdujo de contrabando en Venezuela. El temor es que en las minas brasileñas de Roraima se esté reproduciendo el mismo esquema ya visto en Venezuela, con Hezbollah entrando en este mercado para financiar sus actividades terroristas.

Una mina de oro ilegal en el Amazonas, en el estado brasileño de Roraima (REUTERS/Bruno Kelly/Archivo)

Roraima es rica en minas de oro, situadas principalmente en la tierra indígena de los yanomami. Ninguna de estas minas es legal. Según el Instituto Socioambiental de Brasil, en las tierras ocupadas por los indígenas yanomami en Roraima, el área destruida por la minería ilegal aumentó un 54% en 2022, cerca de 5 mil hectáreas. En 2018, poco más de 2 mil habían sido destruidas. Según la policía brasileña, el principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) está tan interesado en Roraima y sus minas de oro que supuestamente ha dividido el estado en 19 unidades regionales de control. Según informa el portal UOL, la número 19 se encuentra en la misma zona donde se concentran las minas y controlaría parte del contrabando. El PCC también se ha aprovechado de la crisis migratoria de Venezuela, de donde llegan una media de 554 personas al día. Si en 2017 55 venezolanos fueron ‘bautizados’, es decir, afiliados al PCC, al año siguiente ya eran 181. Además, el PCC ha formado alianzas en las minas ilegales con el Tren de Aragua, el principal grupo criminal venezolano, una mezcla que puede facilitar fácilmente alianzas con Hezbollah.

Pero Roraima también ha sido noticia estos días en Brasil por convertirse en un nuevo epicentro del favoritismo político. El gobierno de Lula no sólo no ha presentado ningún plan para conectar Roraima al sistema eléctrico brasileño – Roraima está aislada desde el punto de vista eléctrico de Brasil – sino que, según Transparencia Internacional, ha autorizado de forma opaca la compra de energía eléctrica importada de Venezuela, pagando al menos seis veces más. Y por si fuera poco, el acuerdo se hizo con una empresa intermediaria, Ãmbar Energia, que pertenece al grupo J&F, propiedad de los hermanos Joesley e Wesley Batista ya condenados en la operación anticorrupción Lava Jato. Una investigación periodística de Revista Piauí reveló que desde marzo, Ãmbar negociaba la compra de energía a una empresa venezolana cuyo nombre no ha sido revelado. Pero lo más grave es que aunque el gobierno de Lula sabía desde marzo del papel de los hermanos Batista en la compra gubernamental, lo mantuvo oculto a los ciudadanos brasileños, incluso cuando el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dos meses después, en mayo, anunció la intención de Brasil de reanudar la importación de energía de Venezuela interrumpida por el gobierno de Bolsonaro.

Y por si fuera poco, al día siguiente de la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el 19 de diciembre, el juez del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nombrado por Lula en 2009, también quitó a los hermanos Batista una multa de 10.300 millones de reales, 2.134 millones de dólares, prevista en los acuerdos con los jueces de la Lava Jato. Como informó el periodista Carlos Andreazza en O Globo, la esposa del juez Toffoli es abogada de los hermanos Batista en otro juicio del STF. A pagar la factura de todo este complejo escenario al final sólo serán los ciudadanos brasileños, no sólo los de Roraima ya que este estado tiene un potencial muy alto para impactar en el resto de Brasil.

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