En medio de descalificativos, el canciller Yván Gil fue el encargado de anunciar la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Venezuela, la suspensión de sus actividades en el país y la revisión del memorando de entendimiento firmado con esta instancia. La decisión, para diversas ONG nacionales, es desproporcionada y afecta en mayor medida a la sociedad civil y las víctimas de violaciones de DDHH.
Según la Cancillería venezolana, la Oficina técnica del Alto Comisionado «se ha desviado de su mandato», se convirtieron «en el bufete particular de grupos golpistas» y «falsearon hechos y precalificaron situaciones» sobre el país.
Para la administración de Nicolás Maduro, el trabajo que debería hacer esta instancia independiente de la ONU es «combatir los efectos» de las sanciones y denunciar las conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
Sin embargo, el mandato del Alto Comisionado Volker Türk y la Oficina que encabeza no es tal. Como lo expresan en su página, el Oacnudh representa «el compromiso del mundo para la promoción y protección del conjunto total de derechos humanos y libertades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Sobre la ayuda que brindan a los gobiernos como parte de su mandato, aclaran que se orienta a «evitar abusos y contribuimos a mitigar las situaciones que pueden desembocar en un conflicto (…) También ofrecemos desarrollo de capacidades y asesoramiento jurídico a miles de personas, apoyando el desarrollo y la promulgación sensata de leyes y políticas en todo el mundo».
Ese asesoramiento jurídico, en el caso venezolano, se tradujo en decenas de talleres y cursos a instituciones venezolanas y cuerpos de seguridad. La última revisión de los términos de la cooperación y asistencia técnica se hizo en octubre de 2023. Ninguno de los memorandos de entendimientos firmados durante la gestión de Michelle Bachelet o Volker Türk se han hecho públicos.
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Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, resume que la labor de esta Oficina es «defender a los ciudadanos comunes y corrientes por infracciones del Estado y esto es lo que han estado haciendo, con bajo perfil».
El abogado opina que el reclamo sobre una falta de pronunciamiento –hecho por el canciller Gil al Alto Comisionado– respecto a un intento de magnicidio «escapa de su mandato porque esas son investigaciones que tienen que hacer órganos de seguridad del Estado».
Y es que la decisión del Estado venezolano se dio hora y media después de que la Oficina del Alto Comisionado tomara nota sobre el lugar de detención de la defensora y abogada Rocío San Miguel, así como la puesta en libertad con medidas cautelares de cuatro de sus familiares, incluyendo su hija. Ya esta instancia había advertido que el caso de la presidenta de Control Ciudadano podía constituir una desaparición forzada, algo que fue rechazado de forma vehemente por el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
«No hubo injerencia, sino lo que debe hacer un órgano de derechos humanos, que es pedir que se respeten los derechos humanos de la persona. Ni criticaron, ni dijeron algo del Gobierno, ni dijeron que la Fiscalía actuó inadecuadamente. Solo pidieron que se garantizaran los derechos de Rocío San Miguel y de sus familiares, que también estaban desaparecidos», resalta Daniels.
Considera además que esta respuesta del Estado venezolano ante los cuestionamientos por la situación de Rocío San Miguel son una excusa «para evitar que haya órganos internacionales de derechos humanos en Venezuela durante la época de elecciones, lo que además nos está señalando que la represión no va a cesar (…) Las perspectivas sobre los derechos humanos en el país son bastante ominosas».
Víctimas y el Alto Comisionado
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señala que esta decisión del Ejecutivo «claramente pone en situación de mayor vulnerabilidad no solo a las víctimas, sino a la sociedad venezolana».
En esto coincide el director de Acceso a la Justicia, quien explica además una doble afectación: a las víctimas que quieran denunciar una violación a sus derechos fundamentales o aquellas cuyos casos ya estaban siendo trabajados por la Oficina.
Para Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de la oenegé Defiende Venezuela, hay cinco consecuencias directas por la salida de la Oficina del Alto Comisionado del país.
La primera es la ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado, lo que «puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales».
Se configura además una limitación en la protección de los derechos de los venezolanos. Monsalve señala que sin la presencia de un organismo internacional especializado, «la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población».
Otra cuestión es el abandono de la agenda entre la sociedad civil y los mecanismos de protección, así como las limitaciones en el acceso a información objetiva, veraz para los informes de la Oficina.
En este punto apoya Alí Daniels: «Los informes de la Oficina que se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos ahora van a tener la dificultad de no tener contacto en el terreno, con lo cual la dificultad de obtener la información va a ser mayor. No es lo mismo hablar con un funcionario aquí que mandarle un correo electrónico a Ginebra. Además, Venezuela es un país que no solo se puede contar, debes vivirlo».
Por último, el coordinador de Defiende Venezuela destaca las limitaciones que pueden enfrentar los relatores independientes de Naciones Unidas para visitar o acceder a información sobre el país.
El último relator independiente en visitar el país fue Michael Fakhri, quien se ocupa sobre el derecho a la alimentación. Justamente, un día antes de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado, ofreció una rueda de prensa donde resaltó los problemas de hambre y desnutrición que enfrenta la población venezolana.
Al menos 12 relatores independientes de la ONU, y dos Grupos de Trabajo, han hecho solicitudes al Estado venezolano para constatar la situación del país en el terreno. La administración de Maduro hasta ahora solo ha permitido la visita de tres procedimientos especiales, pese a que el memorando de entendimiento de 2021 firmado con Michelle Bachelet incluía el compromiso de establecer un calendario de diez visitas de los relatores en los próximos dos años.
Todos estos elementos, insiste Ezequiel Monsalve, generan «una preocupante coyuntura. Esta situación no solo pone en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socava la confianza en los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global».
Mecanismos internacionales afectados
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, recuerda que el Estado venezolano «tiene compromisos internacionales en materia de protección y defensa de derechos humanos que son de ineludible cumplimiento. De tal manera, más allá de la presencia o no de esta oficina en Venezuela, el Estado debe garantizar los derechos humanos de la población».
Insistió en la necesidad y plena vigencia de todos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para Venezuela, lo que incluye a la Misión de Determinación de Hechos.
Su trabajo destaca Tineo, «ha sido de gran aporte no solo a la protección de los derechos humanos de los venezolanos, sino además en el acompañamiento de la legítima búsqueda de verdad, justicia y reparación a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos».
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón afirma que mantendrán su acompañamiento a las víctimas en sus gestiones. «No están solas. Para ellas estamos activistas, defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil venezolanas comprometidas con su asistencia, su acompañamiento y con la promoción y defensa de sus derechos».
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