La minería ilegal se ha cobrado en las últimas horas la vida de unos mineros que trabajaban a cielo abierto en un yacimiento ilegal. El derrumbe de una mina artesanal, ocurrido el martes el Estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, ha provocado un número de muertos y heridos aún por determinar. El alcalde de la localidad de Angostura, donde se encuentra la explotación, habla de al menos 30 fallecidos y más de 100 sepultados. Los mineros supervivientes trataban de rescatar a sus compañeros que han quedado sepultados.
Por Florantonia Singer / El País
El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Bolívar, Édgar Colina, ha confirmado que, de momento, han sido trasladados a un centro de salud de la región dos muertos y dos heridos. Medios locales han informado que esta mina comenzó a explotarse hace apenas seis meses y el corte que se ha derrumbado tendría una profundidad de unos 35 metros. A mediados de 2023 también colapsó otra de estas excavaciones, dejando 12 fallecidos.
Una investigación conjunta de EL PAÍS y Armando.info demostró gracias a una radiografía satelital que en los Estados Amazonas y Bolívar del sur de Venezuela (donde ha ocurrido el accidente) existían al menos 3.700 puntos de actividad minera y una red de pistas utilizadas para traficar oro y drogas. En esa zona se encuentra la desembocadura del río Apure en el Orinoco, justo en el vértice donde coinciden las fronteras de tres Estados venezolanos —Amazonas, Apure y Bolívar—, con el Vichada colombiano. Esa cuña ofrece una atalaya estratégica al ELN, cuyo bastión tradicional era el Estado de Apure, en la zona de Los Llanos, vecino del departamento colombiano de Arauca. Pero desde allí se desplazó a la selva venezolana para llenar el vacío que las FARC dejaron al plegarse al proceso de paz en Colombia.
La voracidad minera en el sur ha ido en aumento, a raíz de que en 2016 el presidente Nicolás Maduro decretara la creación del Arco Minero del Orinoco para el aprovechamiento de los minerales y que la crisis económica y humanitaria comenzara a diezmar el poder adquisitivo de los venezolanos. El negocio del oro, manejado en gran parte por grupos criminales, ha impulsado la migración hacia el sur del país en busca de ingresos.
En el argot minero, una “bulla” supone que se ha encontrado un buen yacimiento de oro. Con las sanciones petroleras, el Gobierno también se refugió en el oro para cubrirse financieramente. Pero organizaciones como Transparencia han alertado sobre la opacidad que hay sobre lo que realmente se extrae de esta extensa región —que abarca 12% del territorio nacional— e ingresa a las arcas del banco central de Venezuela o se va por contrabando.
Sanciones de EE.UU. al oro
Las operaciones con oro también fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y en noviembre pasado habían entrado en un régimen de flexibilización, tras la firma de los acuerdos de Barbados, que nuevamente se ha echado para atrás con las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado para competir en las elecciones presidenciales.
La proliferación de minas ilegales ha dejado un importante saldo ambiental, incluso en áreas de la Amazonía que están protegidas bajo la figura de parques nacionales. Al menos 30 ríos al sur del país están afectados por el extractivismo y en 16 se han detectado balsas mineras, de acuerdo con una reciente investigación de la organización Clima 21, que ha evidenciado la contaminación por mercurio y otros elementos usados en la minería en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní y Caura. También hay una cuenta creciente en violaciones de derechos humanos. Las Naciones Unidas ha denunciado esclavitud, trata y prostitución de mujeres y niños en las minas, así como desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Tres de los diez municipios más violentos de Venezuela, están en el eje minero del estado Bolívar, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
Decenas de comunidades indígenas de este lugar, como los pemón, piaroa, ye´kwana y sanemá, han optado por la autodefensa ante el avance de grupos armados vinculados a la guerrilla y el crimen organizado que ha entrado en sus territorios. En medio de la tensión por el control de la zona y las rentas ilegales, líderes indígenas que han denunciado la gravedad de situación han sido asesinados, como Virgilio Ferrer, piaroa y coordinador de la guardia territorial indígena contra la minería en el vecino estado de Amazonas. El ejército venezolano también ha tratado de aumentar su presencia en esta zona selvática históricamente abandonada y ha desmantelado grupos mineros ilegales y cárteles de la droga. En algunos casos, funcionarios militares están implicados en la extracción minera que operan como mafias. La operación reciente más importante ha sido el desalojo del Parque Nacional Yapakana, en la frontera con el Departamento de Guainía en Colombia, de donde han intentado expulsar a más de 10.000 personas que están trabajando en las minas que se extienden a lo largo de más de 3 mil hectáreas de áreas protegidas.
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