Hace unos días, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmó en Caracas que las denominadas Cajas CLAP (Comités locales de abastecimiento y producción en forma de bolsas de comida que adjudica al Gobierno a cada unidad familiar como programa de asistencia), “socavan la dignidad humana de los receptores, se han vuelto susceptibles al clientelismo político y no abordan las profundas causas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.
El País | Alonso Moleiro
El Gobierno de Nicolás Maduro reaccionó irritado ante este pronunciamiento, que coloca en boca de un funcionario de la ONU los mismos argumentos de la oposición para cuestionar los procedimientos del Gobierno nacional. En 72 horas, con el canciller Yvan Gil como portavoz, Fakhri fue expulsado del país junto a los 12 integrantes de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
No es la primera vez que los expertos de Naciones Unidas hacen severos reparos a este programa de asistencia social del chavismo. Las cajas CLAP se crearon en 2016 bajo el Gobierno de Nicolás Maduro en medio de una grave tormenta económica que se tradujo en cotas históricas de inflación y desabastecimiento, y supuso el derrumbe de los índices sociales del país. El informe del Alto Comisionado de la ONU de 2018 también cuestionó los contenidos nutricionales de la caja de alimentos y lamentó de manera expresa que la entrega estuviera enfundada en “herramientas de propaganda política y control social”.
Las bolsas de comida se hicieron comunes luego del quiebre de los mecanismos de asignación de recursos que ofrece la economía de mercado, a causa de la intervención militar en empresas de la industria, el comercio y el transporte de productos, en su intento de regular los precios. El desabastecimiento de entonces tenía, para el chavismo, a los CLAP como alternativa fiable de consumo frente a la especulación capitalista. En 2017, ante una desesperante ausencia de bienes, el empresario Alex Saab concreto varias rutas comerciales para permitirle a un Maduro -sancionado internacionalmente- construir la oferta de la caja. Saab tiene varias causas judiciales abiertas en el extranjero por sobreprecio y lavado de dinero.
Las CLAP vienen con el retrato de Maduro y las consignas oficiales, las modalidades de entrega atiendan al diseño de organización comunal que el chavismo promueve y la orientación electoral y las consignas de sus actividades son bastante evidentes. El contenido de las cajas – un insuficiente balance de carbohidratos y proteínas enlatadas, con exceso en azúcar- consiste en una bolsa de arroz, otra de granos, pasta, harina de maíz, azúcar, leche en polvo, enlatados de sardina, atún o jamón. Se reparte, con sus eslogans, a toda la población. Sus contenidos han sido cuestionados por su mala calidad, aunque una parte importante de la población sigue dependiendo de ellos.
“Todo el mundo aquí sigue pendiente de la bolsa, claro”, afirma Robin Tovar, vecino de La Campiña, una urbanización de clase media en Caracas con una población que ha envejecido en el contexto de la diáspora. “La bolsa llega, pero llegan migajas. A veces se retrasa. No hay proteína animal, solo enlatados”, añade. Aunque en las zonas de clase media alta urbana vinculadas a la oposición la gente se niega a recibir las bolsas de comida, que son de entrega universal, estas son consumidas por muchos sectores medios y medio-bajos como un ingreso complementario, en un licuado presupuesto familiar que además puede incluir remesas del exterior y trabajo local.
Aunque se trata de un programa social, con cierta frecuencia la entrega de las bolsas CLAP no es gratuita. “Eso era antes”, afirma Stalin Atacho, que trabaja como vigilante nocturno en un conservatorio de música y vive en Filas de Mariche, una extensa zona de chabolas ubicada en el extremo este de la ciudad, en la cual la bolsa es parte fundamental de la dieta de cada familia. “La bolsa hay que pagarla, 50 bolívares cada una, y claro que se tarda. Han pasado hasta tres meses sin entregármela habiendo pagado”. El pago obedece, de acuerdo a lo que relata Atacho, a las exigencias que hacen los intermediarios a causa del costo del flete de los contenidos, entre otras cosas.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo por mejorar la puntualidad en las entregas de las cajas CLAP, aunque los retrasos son muy comunes en el mapa nacional. Algunas familias reciben más de una caja por núcleo, siempre que otro de sus integrantes trabaje también para el Estado. En la Venezuela actual, es muy frecuente que sectores laborales y jubilados de la administración pública reciban también transferencias de bolsas de comida como bonos, que sí incluyen carne de res e insumos para la higiene personal.
“Hay consejos comunales que hacen su trabajo bien y reparten la comida rápido y sin problemas”, afirma Wilkens Hernández, habitante de la barriada de Maca, en la populosa y empobrecida Petare, quién trabaja como taxista y ocasionalmente como mecánico. “La comida no es muy buena y hay gente que se lucra con esto, eso es verdad, pero también porque lo necesita. En la pobreza, todo el mundo necesita”.
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