Ganaron las miles de víctimas, perdió por goleada la revolución bolivariana. Los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, han confirmado por unanimidad la sentencia de junio del año pasado, que permite a Karim Khan, fiscal de la CPI, prosiga la investigación contra Nicolás Maduro, sus generales y colaboradores por crímenes de lesa humanidad. De esta forma, el caso continúa.
Por El Mundo España
La apelación contra la decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares planteada por el equipo de abogados contratados por el chavismo, entre los que se encuentra el despacho del ex juez español Baltasar Garzón, fue desestimada con contundencia, punto por punto, argumento por argumento, del uno al sexto.
La revolución bolivariana ha reaccionado con su estridencia habitual, haciendo hincapié en que la CPI pretende ocultar «la verdad de Venezuela» en un «caso evidente de instrumentalización política», en palabras de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. «Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios a su alcance», ha añadido.
La investigación del fiscal Khan incluye ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, unos crímenes que no han dejado de cometerse en la Venezuela de Nicolás Maduro.
«No sólo han ratificado la decisión de continuar la investigación, también confirma la falta de voluntad de la justicia nacional de investigar», ha reaccionado el abogado y defensor de derechos humanos Joel García.
El magistrado Marc Perrin de Brichambaut se ha encargado de hacer pública la decisión unánime que ha desestimado la defensa bolivariana, que intentó dilatar al máximo el proceso judicial con una de sus estrategias más conocidas: aportar miles de documentos para embrollar a los jueces.
«La Sala de Apelaciones no encuentra error alguno en las conclusiones de la Sala de Cuestiones Preliminares. No existen expectativas en esta fase de procedimiento de que el fiscal tenga que notificar los actos que pretenda investigar», ha argumentado Perrin.
JUSTICIA PARA MILES DE VÍCTIMAS
Desde que en 2018 se dieron los primeros pasos para llevar justicia a las miles de víctimas del chavismo, los defensores de derechos humanos tenían claro que sin la intervención de los organismos internacionales no habría esta justicia, algo que ha vuelto a quedar patente con la decisión de la CPI.
«Aplaudimos esta decisión contra crímenes cometidos por la dictadura de Maduro y reconocemos su relevancia ante una nueva ola de persecución hacia personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y el cierre del espacio cívico. Una decisión de enorme trascendencia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en el país», han ratificado Provea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 188 ONG.
La sociedad civil venezolana sufre en estos días la última embestida de la bautizada por Maduro como «furia bolivariana», que ha provocado el encarcelamiento de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
Muy cerca de cumplir mil días en prisión también se encuentra Javier Tarazona, otro reconocido activista de derechos humanos. En paralelo, el chavismo ultima una legislación antisociedad civil, que copia gran parte de la puesta en marcha por el sandinismo en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha clausurado o expulsado del país a más de 3.500 organizaciones no gubernamentales.
«Esta es una derrota del régimen que buscaba retrasar la investigación. No pudo lograrlo. Y es, por tanto, una victoria para las víctimas, sus familiares y las ONG y defensores de DD.HH. que tanto han trabajado. Esto es hasta que haya justicia y reparación. Hablamos de crímenes de lesa humanidad porque se trata de un plan sistemático ordenado por la cabeza y ejecutado por cuadros altos, medios y bajos. La cadena de mando bien descrita por la Misión Independiente de Naciones Unidas. No es un mal gobierno, es una tiranía criminal», ha precisado el politólogo Walter Molina Galdi.
Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, con el añadido posterior de Francia y Canadá, avanzaron en 2018 la denuncia contra las violaciones de derechos humanos. Tres años más tarde, la entonces fiscal Fátima Bensouda confirmó que había motivos razonables para la investigación. Son casi 9.000 las víctimas acreditadas por crímenes contra la humanidad.
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