El comando de María Corina Machado condenó que el CNE haya ratificado la inhabilitación contra la dirigente opositora de cara a las elecciones presidenciales prevista para el próximo 28 de julio.
Magalli Meda de Olavarría, jefa de campaña de la líder opositora, afirmó que el Gobierno insiste en evadir un proceso electoral legítimo y limpio.
«Quedan 10 días para que tomen una decisión. Barbados se montó para garantizarle a Maduro y a Machado que vamos a unas elecciones para elegir. Si el régimen toma esa decisión, está inhabilitando a un país que se pronunció el 22 de octubre y que tiene una candidata», comentó a los medios este lunes.
ÚLTIMA HORA | Comando de campaña de María Corina Machado tras ratificación del CNE sobre su inhabilitación: «quieren inhabilitar la voluntad de casi 3 millones de venezolanos» https://t.co/mpOLhVLKJO pic.twitter.com/TV2i8zZ9e0
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Meda sostuvo que un proceso sin María Corrina Machado, sería una «primaria» del chavismo, porque «al final se traduciría en una elección que no elige».
Meda de Olavarría apuesta por retomar el Acuerdo de Barbados para garantizar una contienda justa.
ÚLTIMA HORA | Comando de campaña de María Corina tras ratificación del CNE sobre la inhabilitación.
«Apostamos a que se retome Barbados para darle la garantía a los venezolanos que van a elegir en un proceso electoral este año», afirmó Magalli Meda. https://t.co/mpOLhVLKJO pic.twitter.com/RWpWnrEPo3
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El sistema del ente comicial ratificó la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos de elección popular.
«Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública, de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente», dice una nota del CNE junto con los datos de la antichavista en el Registro Electoral.
Machado espera poder competir en los venideros comicios a pesar de la inhabilitación, ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que revisó las sanciones de este tipo de los políticos que pidieron una evaluación de sus casos en un mecanismo acordado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria.
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