La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó este miércoles en Panamá una «guía» para atender con enfoque de género los casos de violencia sexual que sufren las migrantes al cruzar el Darién, la peligrosa selva fronteriza con Colombia usada como una ruta migratoria para llegar a Estados Unidos.
EFE
«Estamos presentando un primer acercamiento a la realidad que están viviendo las mujeres en el Darién respecto a la violencia sexual», dijo a EFE la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), organismo de la OEA, Luz Patricia Mejías.
El objetivo de presentar esos «lineamientos para la elaboración de un protocolo para el acceso a la justicia de las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas víctimas de violencia sexual» es «trabajar conjuntamente» con el Gobierno, ONU, sociedad civil y organizaciones de mujeres para «construir una ruta de acción para el abordaje de la violencia, la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas» migrantes en el Darién, según la información oficial.
Mejías explicó que la violencia sexual en Darién es un «problema transfronterizo», por ello «lo primero (que se debe hacer) es establecer mecanismos y lo segundo es tener una mirada más amplia de la humanitaria, que eso supone la perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos».
«(Cambiar el enfoque con el que se tratan los casos) hace que volteemos la mirada a la necesidad de esas mujeres que están transitando y diciendo que son víctimas de violencia sexual, eso supone generar unas articulaciones que ahora mismo no se encuentran», agregó la secretaria.
A su juicio, la presencia del Estado en esa selva no solo debe ceñirse a «la perspectiva de seguridad sino la presencia de la salud, educación, ministerio de la mujer, promotoras de salud que le guíen a las mujeres (víctimas de violencia sexual) y de la justicia que investigue».
«No necesito a la víctima individual para investigar»
Uno de los principales problemas que el Gobierno y las organizaciones humanitarias presentes en el Darién han recogido es que las migrantes víctimas de violencia sexual se niegan a denunciar porque los tiempos judiciales retrasarían su camino hacia Norteamérica, a donde quieren llegar para mejorar sus condiciones de vida.
Ante ello, Mejías argumentó que se debe ver ese escenario como «dos caminos», uno «que es el de la atención y otro que es de la investigación».
«Si el Estado no puede investigar individualmente los casos porque la respuesta de las víctimas es que no quieren hablar porque no quieren señalar, su vida corre riesgo o quien les violó continúan el camino con ellas, pues las mujeres tienen del derecho a la confidencialidad», sostuvo.
Por lo que el Estado debe ir «recogiendo el contexto (y) hacer un mapa que permita identificar cómo ocurren los casos, quiénes participan, quiénes son las personas (o) cómo se caracteriza ese caso» para dar respuesta a esos delitos.
«Entonces no necesito la víctima individualizada, al principio lo que necesito es poder tener una capacidad de avanzar en la investigación», añadió Mejías.
En 2023, 676 migrantes víctimas de violencia sexual en el Darién recibieron atención médica integral de Médicos Sin Fronteras (MSF) y solo en enero de 2024, esa ONG registró 120 casos más, «un acto de violencia sexual cada tres horas y media».
MSF tuvo que suspender su labor médica y humanitaria en Darién desde el pasado 4 de marzo por «orden» del Gobierno panameño, justamente después de lanzar un informe que evidencia una «extraordinaria violencia» hacia mujeres migrantes en la selva fronteriza.
A la vez, las autoridades de Panamá acusaron a esa ONG de presentar informes «incompletos» de migrantes violadas en esa selva.
«Esperamos que (esta guía de la OEA) sea útil para el gobierno porque estamos proponiendo también la presencia del Estado (…) la perspectiva que tenemos es humanitaria y de seguridad, la propuesta es que las otras perspectivas puedan entrar a esa dinámica», concluyó Mejías.
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