El Gobierno de Nicolás Maduro está por aprobar una nueva ley que contempla nuevas herramientas para recrudecer el extenso clima de represión ya vigente en el país, introduciendo penas de cárcel contra quienes protesten contra el gobierno.
Por Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
El proyecto legislativo, conocido en Venezuela como la ley contra el fascismo, podría ser usado para castigar a cualquier persona que exprese descontento con la situación del país, desde quienes protestan en la calle por las deficiencias en el servicio de agua potable y de electricidad, hasta quienes expresen en las redes sociales que están en desacuerdo con la gestión de Maduro.
“La ley antifascismo podemos definirla como una ley contra la protesta”, dijo Carlos Julio Rojas, un activista conocido por sus acciones en defensa de los ciudadanos del sector norte de Caracas. “Ni siquiera podemos definirla como una iniciativa diseñada para castigar al opositor, porque busca castigar también a todos quienes formando parte de sectores del chavismo estén dispuestos a decir que están inconformes.”
El alcance del proyecto de ley es tan amplio que no solo podría ser usada para perseguir al dirigente opositor sino también a quien se atreva a criticar en público los problemas por los que atraviesa la ciudadanía, dijo Rojas.
“Eso va desde no tuitees (en la red social X) hasta no protestes porque no te llega el agua. Ahora no estás en problema si te atreves a criticar a Maduro o a criticar al gobierno, sino que se intenta cercenar las libertades y los derechos de quienes se quejan de que la comida (subsidiada) que reciben del CLAP está podrida. Cualquiera que levante su voz, ahora puede ser considerado como un fascista”, dijo.
Ya aprobada esta semana en primera discusión, el proyecto de ley tiene previsto obtener la aprobación final sin mayores contratiempos en los próximos días dentro de la chavista Asamblea Nacional.
Alegando la necesidad de promover la convivencia pacífica, la propuesta contempla la prohibición de mensajes que hagan “apología o promuevan la violencia como método de acción política”, lenguaje utilizado con frecuencia por el régimen para describir las convocatorias de protestas o incluso la expresión de opiniones adversas a través de las redes sociales.
Violar estas normas serán castigadas a través de sanciones penales o sanciones administrativas, lo que se traduce en multar o años de cárcel. Aún éstas no están definidas en el proyecto de ley.
Adicionalmente, la iniciativa contempla la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esa doctrina.
El proyecto de ley es discutido en la Asamblea Nacional en medio de un creciente clima de descontento social y la pérdida de respaldo popular por la que atraviesa el chavismo.
Que se esté haciendo en este momento no es casualidad. El régimen ya cuenta con leyes similares que han sido introducidas para castigar a la disidencia política, pero ésta parece estar destinada también para amenazar a militantes que están distanciándose del proyecto chavista.
Jurídicamente, el régimen no tenía necesidad de hacer esto, pero sí la tenía para intimidar y justificar el incremento de la represión, dijo el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Esto se debe a que el chavismo está atravesando por un proceso de “desmoronamiento” de sus bases, y de pugnas internas que está obligando al régimen a tratar de mantener el orden dentro de sus filas con la amenaza de una mayor represión.
“Esta es una manera para tratar de contener ese liderazgo”, porque el abrumador respaldo que está recibiendo la dirigente opositora María Corina Machado y el rechazo de más del 80% que está recibiendo Maduro es “como un río crecido, que ellos temen que puede llevarse todo por delante.”
Agobiado por encuestas asegurando que sería rotundamente derrotado por Machado de competir contra ella en las elecciones presidenciales previstas para finales de Julio, Maduro inhabilitó la candidatura de la opositora y la de la persona escogida por ella como su remplazo, la profesora universitaria Corina Yolis.
La prohibición ha sido acompañada por una ola de arrestos contra dirigentes de la oposición, activistas de derechos humanos y de militares que están siendo acusados de haber participado en conspiraciones para derrocar al régimen.
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