El fiscal general DDE Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la detención del ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami por su supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero, cuyo paradero se desconocía desde hace un año, cuando renunció a su cargo para colaborar con las investigaciones.
Además de El Aissami, también fueron detenidos Samarkk José López, un empresario acusado de lavado de dinero, y Simón Alejandro Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), luego de “recientes delaciones de, al menos, cinco testigos” entrevistados por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía).
En abril de 2020 fue designado ministro de Petróleo y en marzo de 2023 renunció al cargo argumentando que lo hacía en virtud de las investigaciones “que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA” y con el objetivo de “apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”. Desde entonces su paradero era desconocido: no volvió a aparecer en público ni en redes sociales.
El fiscal mostró una foto del momento de su arresto: el ex zar petrolero aparece esposado en camiseta y mono deportivo, escoltado por dos funcionarios con el rostro cubierto.
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Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares por su captura. En 2014 Robert Morgenthau, fiscal del distrito de Nueva York, aseguró que El Aissami le facilitó la obtención de pasaportes venezolanos y la naturalización a miembros de organizaciones que EEUU considera terroristas: Hamas y Hezbollah. En 2015, el ex gobernador Rafael Isea se habría convertido en testigo protegido de la fiscalía en EEUU y habría declarado que El Aissami recibía sobornos de narcotraficantes para facilitar el envío de estupefacientes desde Venezuela para el mundo.
En 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU lo incluyó en la lista OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros). En marzo de 2019, siendo ministro de Industria, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga, según dijo en ese momento el fiscal federal de Manhattan. “Ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional”, dijo por su parte Ángel Meléndez, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional.
El 31 de julio de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano (ICE) incluyó a El Aissami en la lista de los más buscados porque habría favorecido actividades ligadas al narcotráfico.
El Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés), organismo con sede en Washington que estudia temas de seguridad y defensa, denunció que Tareck era el puente entre Venezuela y los extremistas de Medio Oriente, y que habría facilitado documentos a los terroristas mientras estuvo al frente del Ministerio de Interior, entre 2008 y 2012, y habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento de esos grupos. “Tiene redes que atraviesan Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania”, precisó el director del SFS que condujo la investigación.
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Simón Alejandro Zerpa fue presidente del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (Fonden), una empresa estatal creada en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender otras situaciones especiales.
Licenciado en Estudios Internacionales, estuvo a cargo de la vicepresidencia de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde enero de 2017 hasta que Nicolás Maduro lo designó ministro de Economía y Finanzas del régimen chavista en Venezuela en octubre de 2017 hasta septiembre de 2020.
En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU le impuso sanciones junto a otros funcionarios y ex funcionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia. Según fuentes financieras, las sanciones que pesan sobre Zerpa disuadieron a algunas firmas de hacer negocios con la estatal petrolera, ya que muchas de las transacciones estaban vinculadas al departamento que él dirigía.
En febrero de 2018, Maduro anunció la remoción de Zerpa en el cargo de vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Su presencia en la compañía imposibilitaba que las entidades norteamericanas ayudaran a la petrolera en la refinanciación de la deuda, incluso antes de las sanciones, explicaron a la agencia Reuters dos fuentes financieras. Las sanciones se sumaron a las sombrías perspectivas de la industria petrolera del país, miembro de la OPEP, cuyo nivel de producción estaba cerca de mínimos de 30 años debido a la falta de inversión, la fuga de cerebros y la delincuencia.
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El empresario Samark José López está señalado como el testaferro de Tareck El Aissami. En febrero de 2017 fue incluido en la lista de los sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por “proveer asistencia material, apoyo financiero, bienes o servicios para las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, y en representación del vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami”. Y en octubre de 2020 EEUU publicó una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.
Con una presencia activa en internet a través de su página web personal y perfiles en redes sociales, López Bello se presentaba como un economista dedicado a la filantropía. Sin embargo, existen diversas acusaciones que lo vinculan con negocios ilícitos del régimen chavista, los cuales incluyen desde la venta de atún hasta operaciones con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). También se lo relacionó con los vuelos que unen Caracas con Moscú y con Estambul y se reportó que en su lujosa flota de aviones se habrían transportado mercancías no declaradas.
Residente registrado en el Municipio Girardot, Estado Aragua, región donde El Aissami fue gobernador antes de su nombramiento como vicepresidente de Venezuela en 2017, López Bello ha mantenido lazos cercanos tanto con el poder político como con empresas de diversa índole, según información del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Entre las compañías asociadas a su nombre se encuentran Profit Corporation, C.A., centrada en proyectos de ingeniería y construcción, y Yakima Trading Corporation, con operaciones en el sector petrolero y de construcción, además de otras registradas en la ciudad de Miami.
Las sanciones y las acusaciones generaron una mancha en la reputación de López, quien se ha defendido públicamente de las imputaciones, negando vínculos comerciales con El Aissami y alegando ser un empresario legítimo. Su historia profesional, especialmente centrada entre 2016 y 2017, se ha visto afectada dejando atrás vínculos con empresas en Florida y otros negocios cuestionados.
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Tras su detención este martes, el fiscal general Tarek William Saab informó que El Aissami, Zerpa y López serán imputados por los delitos de “traición a la patria”, “legitimación de capitales”, “apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias” y “asociación”. Según el procurador, se trata de “una pluralidad de delitos” por la que estos sujetos recibirán “una sanción ejemplar”.
“Estos canallas que, en mala hora, usaron sus cargos que el Estado les dio para, obviamente, hacer avances importantes en la economía, se aliaron a empresarios de maletín para buscar, en esta conspiración económica, destruir la economía”, aseguró Saab, quien calificó a El Aissami como el “jefe del pranato (organización delictiva)” de esta trama vinculada con la venta de crudo a través de criptoactivos.
Según las investigaciones, una red de funcionarios usaban “sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales” mediante “la asignación de cargas” de crudo, “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación” de Pdvsa.
El fiscal señaló que, una vez “comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes” a la estatal petrolera. Saab afirmó que la investigación “continúa abierta” y que van más de medio centenar de personas aprehendidas e imputadas, además de que no se descartan “nuevas detenciones”.
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