El País | Alonso Moleiro
El ingreso mínimo integral no es, precisamente, el salario: se trata de la suma del salario formal, uno de los más bajos del mundo, ubicado en torno a los cuatro dólares mensuales, con un paquete de bonos añadidos que no tienen efecto en el cálculo sobre las prestaciones sociales ni los beneficios sociales, pero que son cancelados cada mes. La bonificación del salario es, en este momento, una de las quejas más frecuentes en las centrales sindicales y ligas obreras y profesionales de la oposición civil venezolana, que resienten de las asignaciones existentes para la seguridad social o las jubilaciones y las pobrísimas escalas salariales del mundo profesional, en un país que tiene un sistema de salud pública quebrado e inoperante.
Algunas de estas protestas, que han tomado vuelo rápidamente en las calles, han sido reprimidas por el Gobierno de Maduro estos últimos meses. Las autoridades han llevado a prisión a varios dirigentes sindicales acusados de terrorismo y, luego, conmutado sus penas por acuerdos de libertad condicional con régimen judicial de presentación. En estos días estuvieron circulando profusamente memes y volantes en las redes sociales convocando a protestas digitales en demanda de mejoras salariales en el país.
Este miércoles, el Gobierno de Maduro hizo un esfuerzo especial para ofrecer alguna muestra de vigor político, tomando con sus seguidores la avenida del Libertador, y transmitiendo simultáneamente varias de las concentraciones del oficialismo en el país por la televisión. Las manifestaciones del chavismo y la oposición se cruzaron en algunas de sus partes en torno a la céntrica Plaza Venezuela, en un careo donde abundaron puñetazos e insultos, que no pasaron a mayores.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó la recuperación del salario de los trabajadores, “a pesar de las múltiples amenazas, sanciones y acosos”, y ponderó positivamente el ambiente de diálogo y acuerdos que se ha ido construyendo en el país con el sector privado.
La economía venezolana comenzó a derrumbarse en 2014, durante la puesta en marcha de un programa de estatizaciones, conflictos con los capitales y controles sobre la economía que se tradujeron en una millonaria sangría de dinero luego de una grave crisis cambiaria. En el periodo 2013-2018 Maduro tuvo incontables desencuentros con el empresariado ―“la burguesía parasitaria”, la llamaba―, a la que responsabilizaba de la grave escasez de bienes y medicinas de entonces, presuntamente por organizar actos de sabotaje y especulación. “La burguesía quiere dólares”, dijo una vez el mandatario con tono de burla y retando a sus enemigos, en 2013. “Lo que le vamos a dar son dolores”.
Por aquellos años, en varias ocasiones, Maduro decretó aumentos salariales desorbitados, en el marco de un estricto control de precios. Fueron decretos unilaterales, superiores al nivel de inflación, de efecto retroactivo, imposibles de pagar para un sector privado que ya estaba suficientemente acosado con asedios judiciales, voracidad fiscal, lentitud en el mercado, intervenciones parciales y tomas colectivas en el interior del país.
Estos aumentos, que hicieron quebrar a muchas personas, fueron gasolina para la crisis económica, y terminaron dando forma a la primera crisis hiperinflacionaria que tuvo Venezuela. La crisis cambiaria, monetaria y fiscal hizo quebrar el negocio petrolero y el salario de los trabajadores se hizo cenizas. Todo ese proceso tuvo lugar en un contexto de corrupción desbordada. Esto precipitó una emigración masiva de personas a otros países.
A partir de 2019, con la quiebra de la petrolera estatal PDVSA, el Gobierno de Maduro decide dar un giro a su estrategia económica, identificando y reconociendo a la inflación como el enemigo público número uno de su Gobierno y de la sociedad. Con las sanciones internacionales que frenaban sus esfuerzos por conseguir dinero, el presidente cedió a las demandas que le aconsejaban prudencia fiscal y criterio en el gasto público para equilibrar las desastrosas cuentas del país, cuyos números formales fueron omitidos por el Banco Central de Venezuela durante varios años. El esfuerzo de estos tres años lo ha obligado a hacer oídos sordos a las múltiples quejas del mundo laboral venezolano.
Luego del crack de aquel periodo, la modesta expansión de la economía que se ha registrado en el país a partir de 2021 permite a Maduro presentar alguna mejora a los trabajadores en un año electoral, terminada ya la tormenta hiperinflacionaria.
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