Las empresas venezolanas llevan años sobreviviendo a duras penas, acosadas por una avalancha de políticas gubernamentales hostiles, una de las más altas cargas de impuestos en el mundo y una economía en caída libre que en seis años se ha contraído en más de un 85 por ciento.
Pero muchas de ellas podrían sucumbir bajo las condiciones adversas adicionales creadas por el coronavirus, en la medida en que la cuarentena decretada atenta simultáneamente contra la producción y contra el consumo, y ante un sector público que en vez de diseñar estrategias de alivio fiscal introduce aún más impuestos.
“La gran pregunta es: ¿hasta cuándo nuestras empresas van a poder mantener a nuestros empleados en nómina, mantenerles el pago de sus seguros, mantener el cumplimiento de las obligaciones con el propio estado y con los proveedores?”, manifestó Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas.
Las empresas ya padecen una severa caída del consumo, producto de la pandemia y la crisis económica, y las actualmente no tienen manera de producir o de vender sus productos. “Tenemos muchas tiendas cerradas. Los centros comerciales, por ejemplo, no están trabajando. Esto llena un cuadro de inseguridad e incertidumbre terrible”, agregó.
Una reciente encuesta elaborada basándose en un universo de 2,500 compañías manifestó que el 35 por ciento de ellas sentía temor de que no podrán retomar las actividades después de la pandemia.
Pese a que muchas empresas no han logrado abrir sus puertas desde que el régimen de Nicolás Maduro ordenó medidas extremas de cuarentena, muchas de ellas están actualmente pagando las nóminas de sus empleados y los costos de alquileres de los lugares que ocupan sin estar recibiendo ingresos.
Y aquellas que sí están operando son sometidas a enormes presiones fiscales, obligadas en muchos casos a pagar hasta 15 impuestos distintos para financiar desde el gobierno central y los gobiernos municipales hasta entregar aportes para la cultura y la lucha contra el narcotráfico.
A veces esos pagos deben ser realizados semanalmente y por adelantado, obligando al empresario a pagar impuestos sobre productos o servicios que no ha vendido.
“La carga impositiva de los empresarios venezolanos ya es una de las más altas del mundo y puede representar entre 30 y 60 por ciento en el precio final de un producto”, dijo Ricardo Cusanno, presidente de Fedecamaras, la mayor organización del sector privado del país.
Y la presión a pagar impuestos están aumentando en vez de disminuir en el marco de la pandemia.
“Hay municipios en este momento que pretenden que el empresario le pague 16 por ciento de los ingresos brutos. Eso en algunos casos absorbería la ganancia total de un producto. A todo el abanico de impuestos ahora hay que sumarle una voracidad fiscal municipal que es algo verdaderamente atroz”, agregó Cusanno.
Operar una empresa en Venezuela requiere de una elevada dosis de valentía desde que el fallecido presidente Hugo Chávez emprendió su revolución socialista en 1999.
Desde ese entonces, el tamaño del sector privado venezolano hay disminuido gradualmente, pasando desde las 620,000 empresas que funcionaban en 1998 a menos de 250,000.
Y las compañías que sobreviven actualmente trabajan a menos del 30 por ciento de la capacidad instalada, dijo Cusanno.
Buena parte de la devastación empresarial se produjo luego que Maduro reemplazara a Chávez en el poder, que vio la profundización de políticas socialistas hostiles que terminaron de dejar a miles de empresas sin espacio para maniobrar, provocando la mayor crisis económica en la historia del país y lanzándolo al terreno de la hiperinflación.
El colapso de la economía ha sido acompañado por un colapso de los servicios públicos, lo que ha llevado a los empresarios a pagar montos adicionales para cubrir estas deficiencias a fin de seguir operando.
“El empresario venezolano tiene que producir electricidad para sus instalaciones, el empresario tiene que contratar camiones cisternas porque no llega el agua, el empresario tiene que hacer arreglos para transportar a los trabajadores, porque las unidades de transporte público tiene más del 70 por ciento de sus unidades detenidas”, dijo Cusanno.
Y a ese escenario ahora se le suma la cuarentena ordenada por el régimen y una escasez de combustible que ha llevado los precios de la gasolina a ir desde uno de los niveles más bajos del planeta a uno de los más costosos.
A la dramática situación enfrentada por las compañías se le suma a la hostilidad de un régimen que continúa considerando al empresario venezolano como un enemigo para la revolución socialista que aspira implementar.
Anta la grave situación del empresario, “falta la sensibilidad de un gobierno en condiciones de ver al sector privado como un aliado en la generación de empleos, necesario para mantener la producción y los ingresos del país”, comentó desde Caracas el economista Orlando Ochoa.
“Pero no, el régimen ve al empresario como el adversario ideológico en la lucha de clases”, obligándoles a pagar impuestos exorbitantes como castigo por el crimen de haber ganado mucho dinero en el pasado, dijo Ochoa.
“En el chavismo se dice, bueno en el pasado ellos hicieron mucho real, y ahora tienen que soportar”, señaló.
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