La Cámara de Casación argentina recomendó «medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria», ante la pandemia de coronavirus para varios supuestos, entre los que se incluyen convictos por delitos no violentos, «personas con mayores riesgos para la salud» y «mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos».
También incluyó en este grupo a «personas condenadas a penas de hasta tres años de prisión», «personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional»; y grupos de riesgo «como adultos mayores, personas con discapacidades y personas inmunodependientes o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH».
Estas medidas se deberán aplicar «con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo» en supuestos de delitos graves, conforme «normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso».
«Corresponde aclarar que las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia COVID19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo reexamen», contempla la resolución de la Cámara.
En el mismo texto, el organismo recomendó a las autoridades penitenciarias «el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19, debiendo procurarse de manera inmediata atención correspondiente y, en su caso, un aislamiento provisorio dentro del penal».
La semana pasada la Justicia ordenó el arresto domiciliario de unos 800 presos del Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires por pertenecer a grupos de riesgo, tras recibir más de 2.800 solicitudes individuales.
Al comienzo de la pandemia, los presos solicitaron no recibir visitas para evitar la eventual transmisión del virus y luego la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno argentino desde el 20 de marzo obligó a sus familiares a quedarse en sus hogares.
La Fiscalía del país informó que 104 detenidos por crímenes de lesa humanidad solicitaron también el arresto domiciliario, de los cuales, hasta la fecha, 17 la obtuvieron y a 41 se le denegó.
A finales de marzo se iniciaron motines y protestas en varios centros penitenciarios del país que dejaron cinco muertos en la provincia de Santa Fe (centro-norte) y sacaron a la luz la tensión reinante por el temor a que la pandemia de COVID-19 ponga un pie en los penales y agrave las condiciones de hacinamiento que se registran en algunos de ellos.
Según los últimos datos, Argentina registra un total de 101 muertos y 2.277 casos positivos desde que la pandemia llegó al país suramericano. EFE
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