El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció este martes que el contrato firmado para la compra de la vacuna anticovid india Covaxin quedará «en suspenso» hasta que se esclarezcan unas denuncias de irregularidades en esas tratativas.
EFE
«No es oportuno importar esas vacunas en este momento», declaró el ministro en alusión al antígeno Covaxin, elaborado por la empresa india Bharat Biotech, que está en el punto de mira de una comisión del Senado que investiga la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a una pandemia que ya mató a más de 515.000 brasileños.
Según Queiroga, la ejecución del contrato ha sido «suspendida» en forma temporal a fin de actuar con la «mayor transparencia» y dar tiempo a que sea revisado el contrato, que prevé la adquisición de 20 millones de dosis a un precio total de 320 millones de dólares.
Incluso, en ese período también se dará tiempo a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se pronuncie en relación con la efectividad de la Covaxin, algo que ese organismo regulador aún no ha hecho y que es determinante para permitir la importación.
El titular de la Contraloría General, Wagner Rosario, confirmó además que ese organismo hará una revisión «jurídica» de todas las condiciones establecidas en ese contrato, que han generado dudas y hasta un pedido elevado a la Corte Suprema para que se investigue sobre ese asunto al propio presidente Jair Bolsonaro.
Entre otros puntos sospechosos, en la negociación se acordó que una firma con sede en Singapur debería recibir parte del pago aunque no figuraba en el contrato.
Además, en las tratativas participó como «intermediario» un empresario brasileño investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya «vendió» al Gobierno medicamentos que jamás entregó.
Sobre ese negocio, el jefe de importaciones del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, denunció ante la comisión del Senado que fue objeto de «presiones atípicas» para aprobar y acelerar la compra de esas vacunas, que negó debido a esas irregularidades en el contrato.
El funcionario es hermano del diputado oficialista Luis Miranda, quien a su vez afirmó que en marzo pasado, días después de la firma del contrato de intención de compra, le informó personalmente sobre el asunto al propio presidente Bolsonaro.
Según el legislador, el mandatario admitió que era «grave», pero dijo que se trataba de «un rollo» del diputado Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara Baja y que ahora deberá declarar ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia.
Este lunes, frente a la denuncia de que Bolsonaro supo de un asunto que podría suponer un «grave caso de corrupción» y no actuó en consecuencia, un grupo de senadores pidió al Supremo que se abra una investigación sobre la conducta del mandatario y se esclarezca si pudo haber incurrido en prevaricación y otros delitos.
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