Las autoridades de Honduras extendieron este domingo 10 de mayo, la alerta roja hasta el próximo 17 de mayo a causa de la pandemia del COVID-19, enfermedad de la que el país centroamericano registra más de 1.800 casos positivos y 108 fallecimientos.
EFE
La medida fue ampliada hasta ese domingo en los 18 departamentos de Honduras a solicitud de la Secretaría (ministerio) de Salud, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
La ampliación entró en vigor a las 13.00 horas locales de hoy (19:00 GMT) y ha sido adoptada como parte de las medidas de contención para evitar la propagación de coronavirus, añadió.
El Sinager indicó también que el objetivo de la alerta roja es facultar al Gobierno central y a los administraciones locales para que ejecuten acciones de contención de propagación del virus, especialmente en los departamentos que registran casos confirmados.
Las instituciones que integran el Sistema de Gestión de Riesgos tienen autorización para continuar habilitando «Centros de Aislamiento Temporal», con el fin de atender casos sospechosos de COVID-19, así como acciones de respuesta para el abastecimiento de insumos en la red hospitalaria y la facilitación de alimentos en los hogares más vulnerables del país.
La institución hondureña le recordó a la población que está prohibido realizar eventos en centros de trabajo tanto públicos como privados que impliquen la concentración de más de 50 personas.
Señaló que las empresas privadas y públicas autorizadas para trabajar deben cumplir mecanismos de protección para sus empleados y clientes.
Para ello, precisó, están obligadas a facilitar a sus empleados mascarillas, gel antibacteriano, tomar su temperatura, y habilitar espacios para el lavado de manos con agua y jabón, entre otras medidas para evitar el contagio del coronavirus.
El Sinager indicó que la población debe utilizar «mascarillas y gel antibacterial» cuando salga a abastecerse a supermercados, farmacias, expendedoras de combustible e instituciones financieras.
La institución también de que el «no cumplimiento o retraso en el acatamiento de lo antes dispuesto en materia de riesgos implica responsabilidad administrativa, civil y penal para los infractores».
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