El Congreso se prepara para votar una acusación constitucional contra el exministro de Salud y la Justicia investiga las muertes de la pandemia, luego de querellas presentadas por dirigentes de izquierda contra el Ejecutivo que apuntan al presidente
Aunque la primera ola de la covid-19 en Chile no se ha controlado –este miércoles se reportaron 1.131 nuevos contagios–, la oposición chilena arremete desde diferentes frentes contra el Gobierno de Sebastián Piñera para perseguir eventuales responsabilidades políticas por el manejo y las muertes de la pandemia, que ha dejado en el país 13.090 fallecidos confirmados desde marzo. En el Congreso, los diputados votarán el martes una acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, que estuvo a cargo de la crisis sanitaria hasta el 13 de junio. Además, dos dirigentes de izquierda presentaron querellas ante la Justicia contra distintas autoridades del Ejecutivo, incluido el propio presidente, por delitos como homicidio, denegación de auxilio o diseminación imprudente de gérmenes patógenos. La investigación judicial ha producido una delicada controversia entre La Moneda y el Ministerio Público.
La Fiscalía quiere acceder a los correos electrónicos del Ministerio de Salud, en el marco de la indagación por las muertes relacionadas con la covid-19. Los fiscales obtuvieron una autorización judicial para incautar los e-mails de Mañalich, de su exjefa de gabinete y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. El actual ministro de Salud, Enrique Paris, sin embargo, se ha negado a facilitarlos. El médico argumentó motivos de “seguridad nacional”, por lo que el Ministerio Público acudió a la Corte Suprema para que resolviera las diferencias. El máximo tribunal del país le pidió al ministro que informe de sus razones para no entregar los correos electrónicos y Paris reiteró las razones de seguridad nacional y un segundo asunto: “Si se solicitan antecedentes de fichas clínicas o de pacientes, eso también contraviene la ley de derechos y deberes de los pacientes”.
Fue el propio abogado del presidente Piñera, Samuel Donoso, que junto a otras de las defensas de las autoridades se sumó a las críticas contra la Fiscalía. En un documento oficial dirigido a la Corte Suprema, que el máximo tribunal no había solicitado, se califica la diligencia de incautación de los correos de “inusual, infundada y precipitada”. Junto a las otras defensas, Donoso indicó en el texto que se trataba de una “persecución ideologizada y con falta de objetividad”, en referencia a que la investigación del Ministerio Público arrancó con las querellas del senador de izquierda Alejandro Navarro y el alcalde del municipio capitalino de Recoleta, el comunista Daniel Jadue (la figura mejor posicionada de la oposición con miras a la elección presidencial de 2021).
La querella de Jadue tiene relación con 62 muertes por la covid-19 en la comuna que dirige y apunta, en paralelo, a una supuesta tergiversación de los datos de parte del Ministerio de Salud y otros organismos sanitarios: “O bien se faltaba a la verdad o se ocultaba información”, señaló el alcalde en su escrito de ampliación de la querella, el 30 de septiembre pasado. De acuerdo a la anterior jefa del Departamento de Epidemiología, la funcionaria Johana Acevedo, en el ministerio de Salud se creó un “sistema paralelo” al oficial para informar de los casos de la covid-19, según su declaración ante los fiscales.
La comunicación de los abogados de la autoridades de Gobierno a la Corte Suprema fue criticada desde diferentes frentes. “Resulta de una gravedad absoluta y una intromisión inaceptable del Poder Ejecutivo en una investigación judicial en curso”, indicó Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. De acuerdo al portavoz del Gobierno, el ministro Jaime Bellolio, La Moneda colaborará con la Justicia en todo lo que se necesite, pero criticó los métodos de la Fiscalía: “Lo que no puede suceder es que haya un intento de hacer una especie de pesca de arrastre”.
Con 474.440 contagiados de la covid-19 confirmados en Chile, la Cámara de Diputados se prepara para votar el martes próximo la acusación constitucional contra Mañalich. Se basa, fundamentalmente, en dos asuntos: en haber presuntamente infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y en el “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”. Como Mañalich no ocupa ya cargos en el Estado, si se aprobara quedaría inhabilitado por cinco años para ocupar cargos públicos. No resulta evidente, sin embargo, si la oposición alcanzará los votos contra el médico de confianza de Piñera, aunque la izquierda y centroizquierda tiene mayoría en ambas cámaras. La acusación constitucional, de hecho, fue presentada sin firmas de parlamentarios de partidos importantes del sector, como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.
En el marco de la acusación constitucional, el Parlamento ha escuchado tanto la versión de Mañalich como de otras autoridades sanitarias. Según el exministro de Salud, que declaró el viernes pasado, nunca hubo ocultamiento de cifras de fallecidos, aunque en medio de las peores semanas de la pandemia el Ejecutivo en diversas oportunidades cambió su método de contabilización, luego de la presión pública. “Nunca ocultamos ningún número”, dijo Mañalich ante los diputados. A juicio de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches –una de las figuras mejor valoradas en el marco de la crisis sanitaria–, “existieron errores y omisiones graves y evitables, contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos”, según indicó ayer ante los parlamentarios que estudian la acusación constitucional.
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