La opositora Alianza Cívica demandó este miércoles al régimen de Nicaragua suspender por tres meses los pagos de servicios básicos y préstamos bancarios, así como cesar las clases presenciales ante la pandemia del coronavirus que se ha cobrado la vida de tres personas en el país.
EFE
En un documento titulado “Demandas de la Alianza Cívica ante la pandemia” del COVID-19, ese grupo integrado por campesinos, estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil, también demandó al Estado la aplicación de pruebas masivas para detectar la enfermedad y la creación de un bono alimenticio para poblaciones en alto riesgo.
En materia económica proponen suspender el pago de agua y luz por tres meses, así como prohibir el corte de dichos servicios, y que el pago sea efectivo gradualmente una vez superada la crisis sanitaria.
También que las empresas de telecomunicaciones no suspendan servicios de telefonía móvil ni de internet, y reducir por tres meses los precios del gas licuado y el de los combustibles.
PROTECCIÓN A SECTOR INFORMAL
Además, crear un programa especial de atención a trabajadores de cuenta propia, “que dependen de su trabajo diario para poder subsistir”.
En materia financiera piden abrir líneas de créditos de emergencia hacia la banca privada a fin de asegurar que el crédito no se disminuya más.
También reducir el encaje legal a fin de que más recursos puedan ser destinadas a los clientes bancarios, y crear fondos de garantías que respondan por préstamos de pequeños y medianos productores y comerciantes.
Además, suspender por tres meses el pago de cuotas de préstamos y el de hipotecas, sin detrimento del historial crediticio.
FONDOS DE EMERGENCIA
En materia comercial, eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias para la importación de medicinas, kits de pruebas, ventiladores y material de protección sanitario, y suspender el cobro de aranceles por tres meses a la importación de alimentos.
En política fiscal, reformar el Presupuesto General de la República y crear un fondo de emergencia a fin de atender necesidades de urgencia durante la pandemia.
También suspender los pagos de los diferentes impuestos por tres meses, al igual que el de cuota fija, y los tributos que cobran las alcaldías.
Además, permitir a las empresas, independientemente de su giro de negocio, que puedan ser descontado del pago de impuestos los gastos en equipos médicos, materiales de protección, ventiladores y pruebas de coronavirus.
HACER PRUEBAS MASIVAS
A juicio de la Alianza Cívica, el Estado debe financiar esas medidas mediante los recursos que recibirá del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la liberación de fondos anteriormente destinados al pago de deuda externa, hoy suspendida por la crisis del COVID-19.
Otras de las demandas son la aplicación de pruebas masivas, la suspensión de las clases presenciales, y reforzar el gasto en salud.
Además, establecer un equipo interdisciplinario que incluya universidades, científicos de la salud y sector privado para la elaboración de ventiladores de emergencia.
Crear también a la brevedad un fondo de transferencias en especie, alimentos y víveres a personas en riesgos y que no puedan salir de sus viviendas.
BONO ALIMENTICIO
Otra demanda es la creación de un bono alimenticio para poblaciones en alto riesgo, y establecer un monto adicional a la pensión de los 280.000 pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Otras exigencias son la liberación de los denominados presos políticos, hacer gestiones con el Gobierno de Costa Rica para procurar que, de recibir ayuda humanitaria, se incluyan fondos para la atención de los exiliados nicaragüenses que han llegado a 100.000 en los últimos dos años.
Además, facilitar el retorno de los nicaragüenses que están fuera del país y desean regresar, especialmente a los caribeños cuyo vuelo de repatriación desde Islas Caimán no fue autorizado.
“Este conjunto de medidas tiene como objetivo que los trabajadores y empresas nicaragüenses puedan tener un respiro mientras perdura lo más duro de la crisis económica”, explicó la Alianza Cívica, que fue la contraparte del régimen en una mesa de negociación con la que esperaban superar la crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018.
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