Pfizer-Ecuador, demandada por el municipio de Guayaquil en relación con la negativa de suministrarle vacunas contra la covid-19, alegó este martes que como empresa ecuatoriana no es proveedora de ese medicamento.
EFE
Así lo indica un comunicado del propio municipio sobre la audiencia celebrada para analizar una petición de medidas cautelares contra el Ministerio de Salud ecuatoriano y el laboratorio estadounidense, a los que Guayaquil exige la posibilidad de adquirir dos millones de dosis de forma directa.
«La representante de Pfizer adujo que la compañía demandada es de nacionalidad ecuatoriana ubicada en Quito. Y aunque destacó la labor del Municipio de Guayaquil durante la pandemia, dijo que ellos no producen la vacuna», indica el comunicado.
El municipio exigió a la Justicia de su país que obligue al Ministerio a levantar las condiciones que le dificultan la compra por separado de vacunas, dada la lentitud con la que el Gobierno está llevando a cabo el proceso.
Y a Pfizer a que le venda las dosis, pese a su política de solo comerciar con gobiernos centrales.
«Con este recurso el Cabildo quiere que cese la negativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) de autorizar la compra de vacunas contra el COVID-19 y del laboratorio Pfizer de vender las dosis», explicó la Alcaldía en su comunicado.
El municipio trata de comprar las vacunas para inmunizar a personal de primera línea que lucha contra la pandemia y población vulnerable de la ciudad, pero asegura que tres condiciones puestas por el Gobierno de Lenín Moreno se lo impiden.
Se trata de la compra de forma directa y no de intermediarios, que la vacuna esté autorizada por alguna de las agencias de fármacos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), y también por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador (ARCSA).
La audiencia se realizó de manera virtual y Carlos Barquet, procurador síndico municipal encargado, argumentó ante la jueza Teresa Quinteros que ese gobierno local ya ha asumido funciones de salud, que en teoría no le competen, desde el inicio de la pandemia.
Entonces, cuando el coronavirus castigaba con dureza a Guayaquil, la Alcaldía asumió una parte de las responsabilidades para hacer frente a la rápida propagación del virus, por lo que insistió en su derecho a comprar las vacunas.
Antes de la demanda, el municipio pidió la autorización del Gobierno, que contestó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) estableciendo lo que considera un «engorroso proceso».
El abogado recordó entre sus argumentos los casos de México y Brasil, cuyos Estados autorizaron a gobiernos locales la compra de las vacunas.
«Nuestra pretensión es que cese la negativa de Pfizer (de vender las vacunas). Nuestra pretensión con el ministerio es que nos autoricen la compra», alegó el abogado en el curso de la audiencia.
Según el comunicado de la Alcaldía, Pfizer adujo que la decisión de vender la vacuna a gobiernos centrales se justifica para evitar una escasez de la misma y por cuestiones logísticas.
Aunque señaló que, si el ministerio da el aval, la delegación ecuatoriana de la firma estadounidense podrá conversar con el Municipio de Guayaquil, señala el comunicado.
Por su parte, la representante del ministerio aseguró que no existe una respuesta negativa al municipio y que en la comunicación enviada a la AME se establecen requisitos a cumplir por parte de los gobiernos locales.
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