La ley de protección para el pensionado sigue generando problemas para la estructura de costos de diversos sectores de la economía. Padres y representantes han mostrado su preocupación por el inminente aumento de los precios de las matrículas escolares.
Nancy Hernández de Martín, miembro del consejo directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), argumentó que la educación es un «servicio público» y por lo tanto no debería pagar este tipo de impuestos.
“Se ha violentado la ley porque se traslada a la familia. No se trata de exonerar, simplemente no somos sujetos de este impuesto además porque hay un sistema de seguridad social”, comentó en una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos de Unión Radio.
Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAB, indicó que las instituciones educativas privadas de todos los niveles tienen presupuestos muy «apretados» y el único mecanismo que tienen disponible para cumplir con el tributo es la matrícula que pagan las familias.
«El impacto en las universidades es similar al de los colegios. Los gastos tienen que ver con remuneraciones. Somos instituciones sin fines de lucro… Le hace poco favor a las instituciones educativas. Tiene un gran impacto en las escuelas de Fe y Alegría».
El Ejecutivo Nacional impulsó una ley para financiar las pensiones a través de contribuciones privadas.
Este texto obliga a todas las empresas a pagar el 9 % del total de salarios y bonos que devengan sus empleados.
Expertos aseguran que este tipo de acciones golpean a los productores y no generan mayor beneficio para los adultos mayores.
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