La administración de Maduro anunció la puesta en marcha de una «oferta condicionada», para todos aquellos acreedores de bonos de deuda externa soberana, Pdvsa y EDC (ahora Corpolec) y con la cual se mantiene en default desde el año 2017
Roison Figuera | Ahiana Figueroa | Tal Cual
El régimen de Nicolás Maduro recurrió a la tesis de las supuestas agresiones del gobierno de los Estados Unidos (EEUU)l al asegurar que estas han impedido que se logren saldar las acreencias con los tenedores de títulos de deuda externa de la República, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas y es por esa razón que anunció un nuevo plan de reestructuración. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por analistas económicos, este anuncio no tendrá éxito debido a las sanciones, lo que impide a bonistas firmar acuerdos en materia de endeudamiento con esta administración.
A través de un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y actual ministra encargada de Economía y Finanzas, la administración de Maduro anunció la puesta en marcha de una «oferta condicionada», para todos aquellos acreedores de 29 bonos de deuda externa soberana, Pdvsa y EDC (ahora Corpolec) y con los cuales se mantiene en default desde el año 2017.
Recordó Rodríguez que «en noviembre del 2017 Venezuela anunció la intención de estructurar su deuda y convocó a los tenedores a un proceso de diálogo para buscar una fórmula que lo permitiera. Cabe destacar que la nueva emisión de medidas coercitivas de EEUU contra Venezuela han impedido el desarrollo para lograr este esfuerzo».
La Oficina del Tesoro de EEUU mantiene una serie de sanciones económicas contra la administración de Maduro, las cuales restringe las posibilidades de los bonistas de aceptar una plan de reestructuración. Como se recordará, en octubre de 2019 varios grupos de tenedores de bonos venezolanos no aceptaron participar en una renegociación de la deuda externa, debido a la falta de credibilidad en el plan y al no considerar al mandatario Maduro como representante legítimo de la República.
Sobre el tema, el economista Francisco Rodríguez, afirmó a través de su cuenta en Twitter que «dado que los bonos de deuda de Venezuela y Pdvsa se rigen por la ley de Nueva York, cualquier acuerdo de reestructuración de deuda firmado con el gobierno de Nicolás Maduro carece de validez legal ante cortes estadounidenses».
Esto significa que para validar modificaciones en los contratos, se requeriría una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), pero la Orden Ejecutiva de 2017 prohíbe la emisión de nueva deuda.
Francisco Rodríguez explicó luego a TalCual que la administración de Maduro lo que ofrece es extender el plazo de prescripción, que es el plazo que tienen los acreedores para demandar después del vencimiento de un bono.
«Hay una serie de bonos que después de tres años, si el acreedor no ha demandado, entonces píerde ese derecho y prescribe la causa. Están ofreciendo a los acreedores que le van a extender ese período y les van a reconocer sus derechos más allá de se límite. Probablemente, consideran que los acreedores si van a firmar ese acuerdo, porque les puede beneficiar pero también piensan que eso podría darle al gobierno cierto tipo de reconocimiento.
Recordó el economista además que las cortes en EEUU reconocen a Juan Guaidó, como presidente interino, por lo que solo reconocerán a la autoridad de Guaidó para efectos de cualquier plan de reestructuración de deuda venezolana, de cualquier decisión ligada con activos del país en el exterior y con la designación de funcionarios.
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