Un año repleto de cambios y un asentamiento del ecosistema propicio para el funcionamiento del petro, no lograron incrementar el uso de la criptomoneda promovida por el oficialismo
El pasado 4 de diciembre, la criptomoneda creada por el chavismo, el petro, cumplió tres años desde que fuese anunciada. Son 36 meses de promesas sobre su capacidad para recuperar la economía, tiempo en el que se mantuvo la hiperinflación y se evidenció una progresiva dolarización de facto.
En el caso particular de 2020, se dieron las condiciones para que el petro tuviera mayor uso. El año inició con las plataformas digitales, tanto financieras como del Estado, adecuaron el criptoactivo a sus sistemas; un marco normativo de criptomonedas en funcionamiento, una mayor libertad cambiaria y, sobre todo, una pandemia que limitaría la circulación de dinero en efectivo y el uso de tarjetas de débito. A pesar de este contexto, no se logró un impulso de la usabilidad del criptoactivo.
Captación de petros a la fuerza
El gobierno chavista intentó promover el uso del petro apenas inició el año. En enero puso su rúbrica para autorizar la venta de 4,5 millones de barriles de petróleo en petros, un mecanismo que consideró esencial para «la consolidación del petro».
En paralelo, también autorizó la apertura de casinos -un sector severamente restringido en los últimos años- que recibieran apuestas en petros, una iniciativa que traería a colación nuevamente a finales de año.
Por si fuera poco, el 15 de enero de 2020 fue publicado el Decreto N° 4.096 en la Gaceta Oficial N° 41.800. Dicho decreto hace referencia a la liquidación, venta y pago de servicios en petros; y no hace más que especificar una lista de impuestos, trámites y tasas oficiales que los entes del Estado cobraban en divisas, que ahora se efectuarían en petros.
El decreto afectaba principalmente a empresas y personas jurídicas, pues involucraba pagos tales como los efectuados a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales por el combustible para aeronaves; al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) por el registro de marcas y patentes; al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) por la reserva de denominaciones de empresas y el registro de sociedades extranjeras, su domicilio o el establecimiento de agencias, sucursales o representaciones.
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