Desde el 2010 hasta el 2020, el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad recopiló 148.804 medidas contra el sector privado por parte de Nicolás Maduro.
Carlos Seijas Meneses | Tal Cual
Si bien es cierto que desde 2019 la administración de Nicolás Maduro ha relajado el control de precios luego de 16 años de constantes ataques contra el sector privado, la realidad es que ni lo ha desmontado ni ha dejado de aplicarlo. Los instrumentos que sustentan las medidas, como la Ley de Precios Acordados, aprobada por la asamblea constituyente en 2017, no han sido derogadas; y basta con revisar las redes sociales de los entes reguladores para ver que siguen activos y que todos los días anuncian nuevas acciones contra empresas y comercios. Una realidad que contradice lo que el Ejecutivo ha pregonado en lo que va de 2021 sobre una supuesta disposición a dialogar y reconciliarse con el sector privado.
Entre enero y mediados de marzo de 2021, el gobierno ha regulado tarifas de la empresa de televisión por suscripción SimpleTV y de servicios clínicos para casos de covid-19, lanzó el Plan 101, fiscalizó mercados municipales, supermercados y terminales terrestres y ordenó a la red de farmacias Farmatodo que bajara sus precios e implementara un «sistema de vuelto en divisas». También citó a cableoperadoras y recientemente prohibió a la tienda por departamentos Beco y a la cadena de supermercados Excelsior Gama que entregaran vales, una alternativa que empezaron a ofrecer los comercios ante la falta de dólares de baja denominación para dar el cambio.
A estas acciones les hace seguimiento el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, el cual registró 420 medidas contra el sector privado desde enero hasta el 17 de marzo de 2021, de las cuales 403 fueron fiscalizaciones y 17 normativas regulatorias. El sector de la economía nacional más afectado fue el comercio, con 340 medidas, seguido del farmacéutico, con 55 medidas.
La socióloga Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, sostiene que, contrario a lo que se puede pensar por las flexibilizaciones, Venezuela no está frente a un proceso de liberalización de la economía. «Los controles se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, que ha abierto ciertos compases de flexibilización que responden a sus propias necesidades».
«El escenario en el que estamos sigue estando caracterizado por políticas contrarias a la iniciativa privada, la libre empresa y el respeto al derecho de propiedad. Los ciudadanos, como consumidores, productores y comerciantes, siguen sin gozar de libertad, de allí que el sistema de precios y la moneda estén destruidos, lo que origina todas las distorsiones que sufren todos los venezolanos», dijo la experta a TalCual.
Sector comercio, el más afectado
De entre las primeras acciones que tomó el gobierno en 2021 contra el sector privado estuvo el lanzamiento, el 18 de enero, del llamado Plan 101, que consistió en fiscalizar los supermercados y mercados municipales de 101 municipios del país para la «supervisar los precios».
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