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Inicia en España un juicio histórico contra los independentistas catalanes

El Tribunal Supremo español comienza a juzgar el próximo martes a doce políticos y líderes sociales catalanes, protagonistas del fallido proceso independentista en esa región, y la mayoría de ellos acusados de rebelión por la Fiscalía en una causa sin precedentes en España.

Los procesados son el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y ocho miembros su antiguo gobierno (exconsejeros), así como la expresidenta del Parlamento regional y los líderes de las dos principales organizaciones sociales independentistas de Cataluña.

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Todos ellos están acusados de participar de manera activa en celebración de un referéndum ilegal sobre la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes.

Como respuesta a este proceso independentista, el Gobierno español cesó de inmediato al Ejecutivo catalán y convocó nuevas elecciones regionales, mientras que la Justicia abrió una causa para dirimir responsabilidades a raíz de la querella presentada por el Ministerio Público.

Nueve de los procesados están en prisión provisional, acusados de rebelión y de malversación de fondos públicos por la Fiscalía, para los que pide penas que van desde los 25 años para Junqueras hasta los 16 para cinco exconsejeros.

El resto está en libertad provisional acusados por el Ministerio Público de desobediencia y malversación.

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Durante la mayor parte de la instrucción del caso, todas las acusaciones (Fiscalía, el abogado del Estado y la acusación particular ejercida por el partido ultraderechista Vox) calificaron los hechos como una rebelión.

Sin embargo, en la última fase del proceso, la abogacía del Estado cambió su acusación por la de sedición, delito que contempla menos pena en la ley española.

Ante este cambio de postura, los partidos de oposición de centroderecha (el conservador Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos) acusaron al Gobierno de presionar a la abogacía del Estado para modificar su criterio.

Ambos partidos consideraron que era una concesión a los independentistas catalanes por el apoyo que estos habían prestado a los socialistas en la moción de censura parlamentaria que apartó del gobierno al PP el pasado 1 de junio.

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Los siete jueces que conforman el tribunal afrontan un proceso complejo, con una duración aproximada de tres meses, en el que están llamados a declarar alrededor de 600 testigos, entre ellos, el expresdiente del Gobierno español Mariano Rajoy, en el poder en el momento de los hechos.

En el banquillo no estarán siete implicados, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyeron de España para no someterse a la Justicia española y fueron declarados en rebeldía por el juez instructor, que les abrió una pieza separada.

Este juicio ha levantado una gran expectación mediática, con más de 600 periodistas acreditados de más de 170 medios, de los que medio centenar son extranjeros, sobre todo de Alemania y Francia, pero también de Estados Unidos, Rusia y China.

El juicio llega en plena tormenta política, con el PP y Ciudadanos movilizados contra el Gobierno socialista, a los que se une el ultradrerechista Vox, que califican de “traición” la postura del Gobierno que preside Pedro Sánchez por intentar un diálogo político con los independentistas catalanes.

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Hoy mismo, miles de personas, convocadas por esos partidos, se manifestaron en Madrid contra la política del Ejecutivo de Sánchez en la crisis política de Cataluña, y para pedir la celebración de elecciones generales.

Mientras, el Ejecutivo socialista, que no cuenta con mayoría en el Congreso puesto que el PSOE solo tiene 84 de los 350 diputados de la Cámara, necesita los votos de los partidos independentistas catalanes para aprobar cualquier propuesta.

El comienzo del juicio coincide con el inicio del debate de los presupuestos del Estado de 2019, clave para la continuidad de la legislatura, y los dos grupos catalanes (ERC y PDeCAT) condicionan su apoyo a esas cuentas a que haya una diálogo político que incluya hablar del derecho de autodeterminación.

También en Cataluña este proceso judicial marca la agenda del ejecutivo regional y condiciona cualquier debate en el Parlamento catalán, donde las fuerzas nacionalistas y contrarias a la independencia están prácticamente igualadas.

EFE

Alberto News

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