Connect with us

Entretenimiento

La Fiscalía de Barcelona acusa a Shakira de seis delitos fiscales

La Fiscalía de Barcelona ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat una querella contra la cantante Shakira a la que acusa de cometer presuntamente seis delitos fiscales en los ejercicios fiscales de 2012 a 2014. En su escrito, el Ministerio Público considera que la artista residía en esa época de manera habitual en Barcelona y Esplugues, en una vivienda adquirida con el futbolista Gerard Piqué, pese a que durante varias épocas vivió por motivos profesionales en otros países, como Estados Unidos por participar en el programa The Voice.

La querella remarca que Shakira “manifestó en multitud de ocasiones que tenía residencia fiscal en Bahamas”, desde 2007 aunque entre 2012 y 2014 “no estuvo ningún día de presencia física y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto. Tampoco consta ninguna vinculación con dicho país a excepción de la existencia de un inmueble propiedad del 50% de la sociedad CBPI de la que es socia la querellada”. La Fiscalía remarca que la cantante debía tributar en España al pasar el tiempo estipulado en la normativa para hacerlo, más de 183 días, “con independencia del lugar” donde recibiese sus ingresos.

Además, la Fiscalía remarca que “la querellada conocedora de que vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país, la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio y de que por ello tenía la obligación de tributar en España como persona física por su renta y su patrimonio total, con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario que si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) el patrimonio que tenía en estos ejercicios, para así poder dejar de ingresar en la Hacienda Pública española y catalana las cuantías que le correspondían por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)”.

Para crear y mantener este “entramado societario” Shakira presuntamente contó con la colaboración de abogados norteamericanos y varios asesores fiscales. En este sentido, también se han querellado contra uno de ellos cuyo despacho profesional en Nueva York colaboró “en el mantenimiento del entramado societario para eludir el pago de impuestos en España”.

“El plan que llevó a cabo la querellada, para conseguir no pagar a la Hacienda Pública Española por el IPRF, ni a la Hacienda Pública Catalana por el IP, consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma, quien tan solo figuró en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, a donde de forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio” señala la querella.

La fiscal enumera las sociedades, algunas domiciliadas en paraísos fiscales, usadas por la querella presuntamente en su entramado empresarial para ocultar el pago de tributos ya que hacían transacciones por derechos musicales y propiedad intelectual. Además, indica que Shakira firmó un contrato “para diseñar, fabricar y comercializar a nivel mundial perfumes y productos similares” y una carta en la que “confirmaba y garantizaba” que una sociedad “tenía y tendría durante la vigencia del contrato plena capacidad y todos los derechos necesarios para suscribir, sin limitación alguna” acuerdos comerciales. También detalla que usó otra sociedad para recibir los ingresos recibidos del programa ‘The Voice’

Lee también:

“Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades por despachos especializados en este tipo de estructuras. Estas sociedades fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la querellada” señala la Fiscalía y añade que “a única relación que la querellada tuvo con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional”.

El Ministerio Público destaca que, tras la inspección por parte de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Patrimonio (IP) por los ejercicios 2012, 2013 y 2014, la cantante, a través de sus representantes legales, “no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio alegando como motivo la no residencia fiscal en España” ni de las sociedades por las que se preguntaba, así como “que no había obtenido rentas en España en los ejercicios objeto de comprobación”.

Sin embargo, en los últimos meses, en el marco de las diligencias de investigación abiertas en Fiscalía, el representante autorizado de la querellada aportó ante la Agencia Tributaria, diversa documentación e información sobre las rentas y el patrimonio de la querellada, a los efectos de poder determinar la cuota tributaria resultante del IRPF e IP, lo que permitió saber sus ingresos. “La aportación de dicha documentación e información, fue siempre a solicitud de la Agencia Tributaria, a medida que ésta iba realizando averiguaciones y obtenía más datos. La querellada no aportó ningún documento ni información a iniciativa propia; no aportó la totalidad de los estados de liquidación de los derechos musicales de cada una de las sociedades que gestionaban estos derechos, por lo que podría haber habido mayores rentas; ni aportó documentación de todas las sociedades que conformaban el esquema societario” destaca la Fiscalía quien considera que de esta forma se “dificultó el poder comprobar los gastos reales al existir una refacturación entre sociedades”.

De la documentación recibida y analizada, la Fiscalía considera que Shakira ha dejado de pagar 12,3 millones la Agencia Tributaria por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de Catalunya por el IP en ese tiempo. Por eso, cree que cometió seis delitos fiscales, lo que podía suponer pena de prisión además de multa.

Respuesta de la cantante

Tras conocerse esta querella, la oficina de comunicación de Shakira recordó que ya ha pagado los 14,5 millones de euros que se le reclaman y que “se ha enterado por la prensa” de la acusación de la Fiscalía por lo que hubo una extralimitación de este organismo “con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus”.

Además, detallan que en los años de la querella, 2012 a 2014, no no estuvo más de 183 días en España, pese a que Hacienda y la Fiscalía consideran lo contrario y que en esa época “Shakira era una ciudadana extranjera y hasta 2015 nunca fue residente fiscal en España”. Por eso remarcan que la querella se aplica “de forma artificiosa una supuesta presencia para imponer una tributación en España a alguien que no ha residido previamente. Este hecho marca una diferencia fundamental con respecto a otros casos y, por tanto, lo convierte en un claro atropello recaudatorio”.

También indican que la estructura societaria sospechosa se formó en 2007 cuando Shakira no vivía en España, ni tenía intenciones de hacerlo y además fue validada por autoridades de la unión europea reiteradas veces como también por PriceWaterhouseCoopers (PwC). No fue hasta 2015 cuando la cantante empezó a residir en España, según su oficina, y remarcan que desde entonces “ha cumplido en todo momento con todas sus obligaciones tributarias y siguió estrictamente las recomendaciones de PriceWaterhouseCoopers (PwC), sus asesores, uno de los más reconocidos expertos en el mundo y en España en materia fiscal”.

La cantante contradice a la Fiscalía cuando asegura que “ha colaborado de manera abierta” en el proceso a través de sus asesores fiscales y “presentado toda la información de forma clara y transparente con el fin de estipular las cuotas. Es más, la misma artista se ofreció a declarar, y se le declinó este derecho fundamental”.

“El equipo de Shakira está convencido que se inicia un procedimiento judicial con el objeto de meter miedo al resto de los contribuyentes utilizando a Shakira como chivo expiatorio, ya que ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo puesto que ha buscado siempre la asesoría de los más prestigiosos especialistas como es el caso de PriceWaterhouseCoopers (PwC) y Ernst and Young (EY)” señalan.

Con información de El Mundo

Alberto News

Advertisement
Advertisement

Tendencias